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| Consejo Nacional de Cambio Climático | |
|---|---|
| Name | Consejo Nacional de Cambio Climático |
| Native name | Consejo Nacional de Cambio Climático |
| Formation | 2012 |
| Type | Advisory body |
| Headquarters | Mexico City |
| Region served | Mexico |
| Leader title | President |
| Parent organization | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
Consejo Nacional de Cambio Climático. El Consejo Nacional de Cambio Climático es un órgano consultivo y de coordinación mexicano creado para asesorar sobre políticas climáticas, normativas y estrategias de mitigación y adaptación. Opera en el marco de instrumentos jurídicos como la Ley General de Cambio Climático (México), articula relaciones con entidades federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y vincula a actores subnacionales como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua y gobiernos estatales. A lo largo de su trayectoria ha interactuado con organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
El Consejo fue instituido tras la promulgación de la Ley General de Cambio Climático (México) en 2012, en un contexto político marcado por acuerdos multilaterales como el Protocolo de Kioto y la negociación del Acuerdo de París. Su creación siguió experiencias previas de coordinación climática en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y procesos de consulta impulsados por instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Desde entonces ha evolucionado en paralelo a iniciativas de reforma energética relacionadas con la Petróleos Mexicanos y la apertura del mercado eléctrico, y ha participado en mesas técnicas vinculadas a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía. Periodos presidenciales y cambios en la política ambiental, incluyendo decisiones del Poder Ejecutivo (México) y del Congreso de la Unión, han condicionado su composición y alcance.
Entre sus atribuciones está asesorar sobre la formulación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional y de las políticas derivadas de la Ley General de Cambio Climático (México), proponer lineamientos para programas de mitigación coordinados con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y evaluar instrumentos vinculados a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Actúa como foro para la articulación entre ministerios como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de conectar con organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía. Emite recomendaciones técnicas que han servido de insumo para políticas de los gobiernos estatales y de instituciones financieras multilaterales como el Fondo Verde para el Clima.
Su composición incluye representantes de secretarías federales como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, además de voces del sector académico representadas por el Instituto de Ecología, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados y universidades estatales. Se integran también miembros de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y de organizaciones no gubernamentales reconocidas como el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas. Funciona mediante comités técnicos y mesas temáticas que convocan a instituciones como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Marina. Su presidencia rotativa y la designación de coordinadores han sido tratadas en acuerdos con el Poder Ejecutivo (México) y con la intervención del Congreso de la Unión en reformas normativas.
El Consejo ha influido en instrumentos estratégicos como el inventario nacional de emisiones ligado al Registro Nacional de Emisiones y programas sectoriales de la Secretaría de Energía para promover fuentes renovables como la Comisión Federal de Electricidad y proyectos solares vinculados con empresas como Iberdrola y Enel. Ha propuesto mecanismos de mercado inspirados por experiencias de la Unión Europea y mecanismos de fijación de precios del carbono debatidos junto a la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el ámbito rural ha promovido prácticas sostenibles junto a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y proyectos piloto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; en adaptación ha coordinado acciones con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua para gestión de riesgos ante eventos como huracanes del Océano Pacífico y del Golfo de México.
Su operación requiere coordinación con entidades internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Banco Mundial, así como con instancias nacionales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Reguladora de Energía. Mantiene diálogo con estados y municipios representados por la Conferencia Nacional de Gobernadores y con cámaras empresariales como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. La participación de la sociedad civil incluye organizaciones indígenas, académicas y ambientales que han colaborado en procesos de consulta junto a instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El financiamiento proviene de asignaciones presupuestarias gestionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de proyectos cofinanciados con organismos multilaterales como el Fondo Verde para el Clima, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También ha recibido apoyo técnico y económico en convenios con agencias bilaterales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Agencia Francesa de Desarrollo. La ejecución de programas vincula recursos humanos y técnicos procedentes de instituciones como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua y universidades públicas.
Evaluaciones internas y externas han analizado su impacto en la reducción de emisiones reportadas en inventarios vinculados a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su contribución al cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional. Informes y auditorías han señalado avances en coordinación interinstitucional con la Secretaría de Energía y desafíos en incorporación de medidas económicas coordinadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Proyectos emblemáticos han sido replicados en estados como Jalisco, Oaxaca y Chiapas, y su vinculación con actores internacionales ha facilitado acceso a financiamiento del Fondo Verde para el Clima y del Banco Interamericano de Desarrollo para iniciativas de mitigación y adaptación.
Category:Instituciones de México