This article was accepted into the corpus but its outbound wikilinks were never NER-processed — typical at the deepest BFS hop or when the run's entity cap was reached. No expansion funnel to show.
| Política Nacional de Ordenamiento Territorial | |
|---|---|
| Nombre | Política Nacional de Ordenamiento Territorial |
| Ámbito | Nacional |
| Objetivo | Coordinación del uso del territorio |
| País | Colombia |
| Aprobación | 2010 |
Política Nacional de Ordenamiento Territorial es un conjunto de directrices y normas que orientan la planificación y gestión del territorio en Colombia, vinculando políticas sectoriales como las de Transporte en Colombia, Minas y Energía de Colombia, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Ciudad y Territorio (Colombia), y Ambiente y Desarrollo Sostenible. Busca articular instrumentos de planeación como el Plan de Ordenamiento Territorial, los Planes de Desarrollo Municipal, las estrategias de Plan Nacional de Desarrollo (Colombia) y los programas de Sistema General de Regalías (Colombia). Sus contenidos y procesos interactúan con actores y normas como la Constitución de Colombia de 1991, la Corte Constitucional de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia), y el Departamento Nacional de Planeación.
La política se inscribe en marcos de planificación territorial promovidos por entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Colombia), y la Agencia Nacional de Infraestructura (Colombia), y dialoga con planes regionales como el Plan Regional de Ordenación del Territorio de Antioquia, el Plan Maestro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el Consejo de Política Económica y Social (Colombia). Tiene impacto sobre proyectos de infraestructura liderados por INVIAS, AEROCIVIL, y ISA y sobre iniciativas de desarrollo rural como las promovidas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
La base jurídica integra la Constitución de Colombia de 1991, leyes como la Ley 388 de 1997, la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), decretos expedidos por el Presidente de Colombia, y sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que interpretan normas ambientales y urbanísticas. Otros instrumentos normativos relevantes son resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia), decretos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Colombia), y acuerdos municipales incorporados en los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales. La normativa coordina con marcos internacionales suscritos por Colombia, entre ellos convenios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y acuerdos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Los objetivos incluyen la ordenación del uso del suelo para la sostenibilidad de las unidades territoriales como departamentos de Colombia, municipios de Colombia, y áreas metropolitanas, la gestión del riesgo vinculada a fenómenos regulados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y la protección de ecosistemas como Parque Nacional Natural Tayrona o Páramo de Sumapaz. Principios rectores aplican estándares de la Organización de las Naciones Unidas en desarrollo sostenible, la inclusión de poblaciones vulnerables como comunidades indígenas representadas por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y la coordinación interinstitucional con actores como las Corporaciones Autónomas Regionales.
Los instrumentos formales comprenden el Plan de Ordenamiento Territorial, los Planes de Desarrollo Municipal, los Planes de Manejo Ambiental, y los Planes de Ordenamiento Zonal. Herramientas técnicas incluyen sistemas de información geográfica de entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estudios de riesgo y vulnerabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cartografías temáticas empleadas por el Servicio Geológico Colombiano, y modelos de evaluación ambiental regulados por el Instituto Alexander von Humboldt. Complementan mapas sectoriales elaborados por el Instituto Colombiano Agropecuario y análisis socioeconómicos del Departamento Nacional de Planeación.
La gobernanza involucra ministerios como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Colombia), el Ministerio de Transporte (Colombia), y entidades territoriales como las alcaldías municipales y los gobernadores de Colombia. También participan entes de control como la Contraloría General de la República (Colombia) y la Procuraduría General de la Nación (Colombia), y organizaciones de la sociedad civil como la Sistema Nacional Ambiental (SINA), ONGs internacionales como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, y redes académicas de universidades como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes (Colombia).
La ejecución articula planes locales con proyectos de infraestructura de empresas como ECOPETROL, concesiones viales a cargo de INVIAS, y corredores logísticos en puertos gestionados por la Superintendencia de Puertos y Transporte (Colombia). La planificación integra procesos de consulta previa con comunidades étnicas representadas por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Se coordinan fondos de inversión territorial con programas del Plan Nacional de Desarrollo (Colombia) y operaciones financieras gestionadas por el Banco de la República (Colombia) y el Banco Agrario de Colombia.
La evaluación se realiza mediante indicadores definidos por el Departamento Nacional de Planeación y el Observatorio de Desarrollo Territorial, con auditorías de la Contraloría General de la República (Colombia) y seguimiento judicial en la Corte Constitucional de Colombia. El financiamiento combina recursos del Presupuesto General de la Nación (Colombia), inversiones con recursos del Sistema General de Regalías (Colombia), cooperación internacional de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y mecanismos públicos-privados con empresas como ISA. La sostenibilidad financiera se asocia a planes de zonificación económica y fiscal administrados por las Secretarías de Planeación municipales.
Category:Ordenamiento territorial