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| Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos | |
|---|---|
| Name | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos |
| Native name | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos |
| Formation | 1993 |
| Headquarters | Ginebra |
| Parent organization | Organización de las Naciones Unidas |
| Leader title | Alto Comisionado |
| Leader name | Volker Türk |
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la agencia central de Organización de las Naciones Unidas encargada de promover y proteger los derechos humanos universales, vinculando instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y tratados existentes con el trabajo de relatores especiales y órganos de tratados; su sede principal se ubica en Ginebra, con oficinas regionales en ciudades como Nueva York (ciudad), Bangkok, Addis Abeba, Buenos Aires (ciudad), y Kampala. La Oficina colabora con actores como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agencias especializadas como UNICEF, ACNUR, Organización Mundial de la Salud y UN Women para atender crisis en contextos como Siria, Myanmar, Rohingya, Yemen, Venezuela (República Bolivariana de) y Sudán del Sur.
La creación en 1993 respondió a resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y al informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas posterior al final de la Guerra Fría, con antecedentes en la Carta de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1946-2006). Durante la década de 1990 la Oficina intervino en crisis como las de Ruanda, Bosnia y Herzegovina y Kosovo, y coordinó esfuerzos con tribunales ad hoc como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En el siglo XXI su mandato se expandió con el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006 y con la creación de procedimientos especiales, relatores y grupos de trabajo que abordaron casos en Libia, Iraq, Afganistán y durante la pandemia de COVID-19.
La Oficina funciona bajo la autoridad del Alto Comisionado, cargo ocupado por figuras como José Ayala Lasso, Mary Robinson, Navi Pillay, Zeid Ra'ad Al Hussein y Michelle Bachelet, y actualmente por Volker Türk. Su estructura formal incluye divisiones centradas en instrumentos, mecanismos y asistencia técnica, oficinas regionales y misiones en terreno en países como Haití, República Centroafricana, Colombia (República de Colombia), Sri Lanka y Burundi. Interactúa con órganos del sistema de las Naciones Unidas como la Secretaría de las Naciones Unidas, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Corte Internacional de Justicia cuando procedente. La Oficina emplea expertos en derechos humanos, abogados, estadísticos y personal de campo con mandatos temporales y permanentes, y depende de enlaces con comités de tratados como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura.
El mandato principal proviene de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para promover la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos. Sus funciones incluyen monitoreo y documentación de violaciones en contextos como Cisjordania y la Franja de Gaza, Sahara Occidental y Crimea, asesoría normativa a Estados partes como Francia, Alemania, Japón, Brasil (República Federativa del) y Sudáfrica (República de Sudáfrica), asistencia técnica en reformas legales en países como Nepal, Bosnia y Herzegovina y Moldova, y apoyo a mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional y misiones de observación electoral en Afganistán, Honduras, Zimbabue y Libia.
La Oficina desarrolla programas de fortalecimiento institucional, formación en derechos humanos y campañas de sensibilización vinculadas a instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tratados regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Implementa proyectos con socios como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea (UE), Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y Consejo de Europa; apoya iniciativas sobre desapariciones forzadas, tortura, libertad de expresión y discriminación contra grupos como LGBT, Pueblos Indígenas, Migrantes y Personas con discapacidad. La Oficina publica informes anuales y temáticos, y mantiene programas de datos y estadísticas cooperando con Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Organización Internacional para las Migraciones y Human Rights Watch en documentación de crímenes y sanciones.
Opera mediante diálogo, asistencia y presión diplomática con Estados miembros como China, Estados Unidos de América, Rusia (Federación de Rusia), India y Reino Unido (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), y utiliza procedimientos como el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y peticiones a relatores especiales en temáticas relacionadas con tortura, detención arbitraria y ejecuciones extrajudiciales. Colabora con sistemas regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Europea de Derechos Humanos para coordinar respuestas y asistencia técnica.
El financiamiento proviene de contribuciones voluntarias de Estados miembros como Noruega, Suecia, Suiza, Alemania y Canadá, y de donantes multilaterales como la Unión Europea (UE) y fundaciones privadas; la Oficina también recibe aportes en especie de agencias como UNICEF y ACNUR. Los debates presupuestarios se discuten ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con auditorías y evaluaciones a cargo de la Oficina de Auditoría Interna de las Naciones Unidas y la Corte de Cuentas de la Unión Europea cuando procede. La dependencia de fondos voluntarios ha generado programas de cooperación técnica en países como Nigeria, Pakistán, Ecuador y Filipinas.
La Oficina ha sido objeto de críticas por presunta parcialidad en informes sobre conflictos en Palestina (región), Myanmar, China (República Popular China) y Rusia (Federación de Rusia), y por su relación con donantes estatales como Qatar y Arabia Saudita (Reino de). Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han cuestionado su capacidad de respuesta y transparencia, mientras que Estados como Estados Unidos de América y Israel han disputado conclusiones en informes temáticos. También ha enfrentado controversias internas sobre nombramientos, gestión de personal y cooperación con órganos judiciales internacionales como la Corte Penal Internacional, y debates académicos en universidades como Universidad de Harvard, Universidad de Oxford y Universidad de Cambridge respecto a eficacia y reforma.
Category:Organizaciones de derechos humanos