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| Movimiento contra la Tortura | |
|---|---|
| Name | Movimiento contra la Tortura |
| Native name | Movimiento contra la Tortura |
| Formation | 1990s |
| Type | Non-governmental organization |
| Headquarters | Lima, Peru |
| Region served | Peru; Latin America |
| Leader title | Director |
Movimiento contra la Tortura.
El Movimiento contra la Tortura es una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en Perú y América Latina, con énfasis en la prevención de la tortura, la asistencia a víctimas y la promoción de reformas legales. Fundado durante las transiciones democráticas de la región, el Movimiento ha interactuado con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mecanismos de las Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos. Su trabajo se ha situado en el cruce de litigio estratégico, incidencia parlamentaria y colaboración con redes de sociedad civil tanto en Lima como en capitales regionales como Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México.
El origen del Movimiento se remonta a agrupaciones activas en la década de 1990 que respondieron a casos vinculados con la Dictadura de Alberto Fujimori, las violaciones en el conflicto interno peruano con el Sendero Luminoso y las políticas de seguridad en la presidencia de Alberto Fujimori (Perú), así como a iniciativas en respuesta a hechos emblemáticos juzgados por tribunales como la Corte Suprema del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus fundadores incluyeron abogados vinculados a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), activistas de organizaciones como Amnistía Internacional y personas provenientes de colegios profesionales vinculados a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. A lo largo de su historia el Movimiento se relacionó con procesos legislativos en el Congreso de la República del Perú y campañas impulsadas en la Defensoría del Pueblo (Perú), además de litigios ante instancias como la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en casos transfronterizos.
La misión del Movimiento articula la protección de víctimas ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, la promoción de reformas legislativas en el Congreso de la República del Perú y la capacitación de personal en instituciones penitenciarias como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sus objetivos incluyen la documentación de casos para llevarlos a tribunales como la Corte Suprema del Perú o a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la incidencia en políticas públicas debatidas en foros como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la articulación con redes regionales como la Coordinadora Regional de Derechos Humanos y la Coalición Internacional contra la Tortura.
El Movimiento ha desarrollado campañas públicas que han involucrado litigio estratégico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes paralelos presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y acciones de denuncia ante órganos como la Defensoría del Pueblo (Perú). Ha impulsado programas de capacitación dirigidos a personal de instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú y operadores de justicia vinculados a la Fiscalía de la Nación (Perú), además de colaboraciones con universidades como la Universidad de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú para investigación y formación. Sus campañas públicas han coincidido con jornadas internacionales como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y actividades coordinadas con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Movimiento intervino en denuncias relacionadas con prácticas penitenciarias en establecimientos supervisados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), abusos atribuidos a agentes de la Policía Nacional del Perú y omisiones de la Fiscalía de la Nación (Perú), así como en procesos vinculados a violencia política asociada con el periodo de Sendero Luminoso y el Grupo Colina. Ha presentado informes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha acompañado litigios que implicaron decisiones del Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Suprema del Perú, y ha promovido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos de riesgo de tortura o malos tratos. Además, el Movimiento figura en denuncias colectivas presentadas en escenarios multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La estructura del Movimiento combina un directorio consultivo con equipos técnicos especializados en litigio, documentación, atención psicosocial y formación, que trabajan en coordinación con observatorios jurídicos de instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su financiación proviene de subvenciones de fundaciones internacionales como la Open Society Foundations, la Ford Foundation y la Fundación Heinrich Böll, cooperación bilateral de agencias como la Agencia Española de Cooperación Internacional y donaciones de redes como Redes Internacionales de Derechos Humanos. Ha mantenido mecanismos de auditoría vinculados a normas de la Organización de Estados Americanos y a estándares exigidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Movimiento integra redes nacionales e internacionales, colaborando con organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, APRODEH, Colectivo de Abogados del Perú, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; participa en foros regionales convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos. Mantiene alianzas académicas con universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y vínculos pragmáticos con instituciones penitenciarias como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fiscalías locales y redes de defensa de víctimas en Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México.
El Movimiento ha contribuido a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a cambios normativos en el Congreso de la República del Perú, y su documentación ha sido citada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al mismo tiempo ha enfrentado críticas públicas de sectores vinculados a la Policía Nacional del Perú y fuerzas políticas que cuestionan su independencia y fuentes de financiación, así como controversias sobre tácticas de litigio estratégico debatidas en foros como la Asamblea General de las Naciones Unidas y en publicaciones de la Universidad de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estas tensiones se han reflejado en debates en medios jurídicos como el Tribunal Constitucional del Perú y en procesos de diálogo con la Defensoría del Pueblo (Perú).
Category:Human rights organizations