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| Estrategia de Seguridad Nacional (2017) | |
|---|---|
| Nombre | Estrategia de Seguridad Nacional (2017) |
| País | España |
| Publicado | 2017 |
| Organismo | Consejo de Ministros |
| Idioma | Español |
| Tipo | Documento estratégico nacional |
Estrategia de Seguridad Nacional (2017)
La Estrategia de Seguridad Nacional (2017) es el marco estratégico aprobado por el Consejo de Ministros de España para orientar la política de seguridad y defensa en el periodo posterior a 2016, vinculando instrumentos del Ministerio de Defensa (España), del Ministerio del Interior (España) y del Centro Nacional de Inteligencia con marcos internacionales como la Unión Europea, la NATO y las Naciones Unidas. El documento pretende armonizar amenazas tradicionales y no convencionales, articulando prioridades operativas y normativas con actores como la Casa Real (España), el Congreso de los Diputados y las comunidades autónomas, en el contexto de retos globales como la guerra en Siria, la crisis migratoria europea y la proliferación tecnológica.
La estrategia surge tras la actualización previa realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy y en un entorno marcado por eventos como los atentados de París (noviembre de 2015), los ataques de Bruselas (2016), y la intensificación del conflicto en Oriente Medio. Factores internacionales como la reconfiguración de la seguridad transatlántica tras la presidencia de Donald Trump y dinámicas en la Unión Europea impulsaron la revisión, junto a desarrollos internos vinculados a la modernización del Ejército de Tierra (España), de la Armada Española y del Ejército del Aire (España), así como debates parlamentarios en el Senado (España) y en el Tribunal Constitucional (España).
La Estrategia se estructura en objetivos orientados a la protección de la población, la defensa de la soberanía y la resiliencia ante crisis, estableciendo principios como la cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Hacienda (España) y el Ministerio de Justicia (España), el respeto a los marcos internacionales de derechos humanos promovidos por la Corte Europea de Derechos Humanos y la integración con políticas de la OTAN. Prioriza la prevención mediante inteligencia policial y militar coordinada con agencias como la Europol y la Interpol, y promueve la adaptación normativa con instrumentos del Parlamento Europeo.
El texto identifica amenazas convencionales procedentes de crisis geopolíticas como las vinculadas a Rusia y al conflicto en Ucrania (2014–presente), así como riesgos asimétricos derivados del terrorismo yihadista, ejemplificado por grupos como ISIS y Al Qaeda. Señala ciberamenazas asociadas a actores estatales y no estatales, con menciones implícitas a capacidades observadas en países como China y a incidentes internacionales que afectaron infraestructuras críticas en estados como Estonia. También aborda desafíos no militares: la seguridad energética ligada a gasoductos y actores como Gazprom, la seguridad marítima en rutas del Mediterráneo y la gestión de flujos migratorios relacionados con la crisis en Libia.
La estrategia define líneas como fortalecimiento de la ciberdefensa con colaboraciones entre el Centro Criptológico Nacional y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), mejora de la protección de infraestructuras críticas en coordinación con empresas del IBEX 35 y la promoción de capacidades de respuesta rápida mediante unidades como la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRIPAC). Aboga por cooperación internacional en operaciones de gestión de crisis bajo mandato de la ONU o de la Unión Europea, junto a participación en misiones de la OTAN y en iniciativas bilaterales con países del Magreb y de África Subsahariana, incluyendo fortalecimiento institucional con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Para su ejecución, la Estrategia contempla asignaciones presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado canalizadas a través del Ministerio de Defensa (España), del Ministerio del Interior (España) y del Centro Nacional de Inteligencia, además de instrumentos de financiación europea vinculados a la Política de Cohesión de la UE. Propone inversiones en tecnología procedentes del sector privado español representado por empresas como Indra (empresa), y la modernización de capacidades logísticas en instalaciones como las bases aéreas de Torrejón y Morón de la Frontera. Establece mecanismos para el reclutamiento y formación de personal en academias como la Academia General Militar y en centros de formación policial como la Escuela Nacional de Policía (España).
La gobernanza prevista articula el papel del Consejo de Seguridad Nacional (España) y la figura del Presidente del Gobierno junto al Consejo de Ministros, integrando a ministerios sectoriales, comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, y autoridades locales como el Ayuntamiento de Madrid. Favorece la interoperabilidad entre cuerpos como la Guardia Civil y la Policía Nacional (España), y la colaboración con agencias europeas como la Agencia Europea de Defensa para ejercicios y evaluación de capacidades. La Estrategia establece procesos para la coordinación legislativa con el Congreso de los Diputados y la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas.
La evaluación prevista incluye indicadores de resiliencia, tiempos de respuesta y cumplimiento presupuestario revisados por comités interministeriales y por expertos de instituciones como el Real Instituto Elcano y el Centro de Investigaciones Sociológicas. Críticas provinieron de formaciones políticas como Podemos (partido político) y Ciudadanos (partido político), que debatieron alcance y prioridades; analistas de think tanks como FRIDE cuestionaron la priorización de gasto militar frente a políticas sociales. Debates académicos en universidades como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona han resaltado retos en la medición de eficacia y la necesidad de actualizar el marco ante nuevas amenazas tecnológicas.
Category:Política de seguridad de España