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| Corporación de Reparación y Reconciliación | |
|---|---|
| Name | Corporación de Reparación y Reconciliación |
| Founded | 2001 |
| Founders | Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Ernesto Samper Pizano |
| Headquarters | Bogotá, Cundinamarca Department |
| Region served | Colombia |
| Leader title | Director ejecutivo |
| Leader name | Claudia Rodríguez |
Corporación de Reparación y Reconciliación is a Colombian civil society organization established in the early 21st century to promote reparation for victims and processes of reconciliation after decades of armed conflict. It operates at the intersection of transitional mechanisms, restorative initiatives and institutional frameworks, working alongside actors from Comisión de la Verdad, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo and international bodies such as Comisión Interamericana de Derechos Humanos and Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. The organization combines legal accompaniment, psychosocial support and community mediation to bridge local experiences with national policies like the Ley de Víctimas y Restitución de Tierras and the Acuerdo de Paz de 2016.
La entidad se creó en respuesta a la proliferación de iniciativas de reparación en el contexto del conflicto armado colombiano, con antecedentes vinculados a procesos liderados por Organización de Estados Americanos, Iglesia Católica en Colombia, Comisión Colombiana de Juristas y organizaciones no gubernamentales como Centro Nacional de Memoria Histórica y Corporación Nuevo Arco Iris. Durante la década de 2000 amplió su radio de acción hacia zonas afectadas por grupos como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Autodefensas Unidas de Colombia, articulando acciones con municipios de Chocó, Meta, Nariño y Caquetá. En los años posteriores al Proceso de Paz con las FARC-EP, la Corporación reforzó la cooperación con instancias internacionales como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y agencias de la Unión Europea para diseñar modelos de reparación simbólica y reparaciones materiales. Su trayectoria incorpora alianzas con universidades como Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de los Andes para evaluación técnica y formación.
La misión declarada conjuga la restitución de derechos de víctimas reconocidas en la Ley 1448 de 2011 con la promoción de procesos comunitarios de reconciliación inspirados en experiencias internacionales como las Comisiones de la Verdad en Sudáfrica y el Informe Rettig en Chile. Sus objetivos incluyen brindar asistencia jurídica a víctimas vinculadas a hechos atribuidos a actores como Ejército Nacional de Colombia y Policía Nacional de Colombia, ofrecer atención psicosocial junto a entidades como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y facilitar espacios de diálogo entre víctimas, excombatientes y autoridades municipales. Promueve también la documentación de archivos con estándares de Comisión de la Verdad y cooperación con proyectos de Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
La corporación opera con una junta directiva integrada por representantes de universidades, ONG y exfuncionarios de instancias como Procuraduría General de la Nación y Ministerio del Interior (Colombia), y un equipo técnico vinculado a áreas de derecho internacional humanitario, psicología y administración pública. Sus órganos incluyen departamentos de atención legal, salud mental, memoria histórica y proyectos territoriales que interactúan con entidades locales como las alcaldías municipales y las asambleas departamentales de Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca. Mantiene códigos de ética inspirados en estándares de Comité Internacional de la Cruz Roja y protocolos de protección basados en recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ofrece programas de reparación material que combinan asesoría para solicitudes de restitución de tierras según la Ley de Restitución de Tierras con proyectos productivos y transferencia de habilidades en colaboración con agencias como Agencia para la Reincorporación y la Normalización y Unidad para las Víctimas. Implementa servicios de reparación simbólica que incluyen memoria colectiva, homenajes públicos y elaboración de museos locales en coordinación con el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Biblioteca Nacional de Colombia. Presta asistencia jurídica y litigio estratégico frente a Corte Constitucional de Colombia y acompañamiento ante procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Corporación diseña y facilita prácticas de justicia restaurativa inspiradas en modelos de comunidades de paz y programas de mediación comparados con experiencias en Rwanda y Sudáfrica. Coordina encuentros de diálogo y círculos de paz donde participan víctimas, excombatientes de las FARC-EP y miembros de comunidades afectadas por actores armados como ELN (Ejército de Liberación Nacional), buscando reparaciones colectivas y acuerdos de convivencia. Colabora con instituciones educativas como Instituto Colombiano de Antropología e Historia y proyectos de memoria escolar impulsados por el Ministerio de Educación Nacional (Colombia) para incorporar relatos históricos en procesos de reconciliación.
Su financiación combina aportes de donantes internacionales como Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, fondos de la Unión Europea y subvenciones de fundaciones como Open Society Foundations y Ford Foundation, además de cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y donaciones privadas. Gestiona proyectos con créditos y fondos concursables provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y recibe apoyo logístico y convenios con universidades y centros de investigación para evaluaciones independientes.
Evaluaciones externas realizadas por equipos de la Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana y consultoras vinculadas al Banco Interamericano de Desarrollo han documentado mejoras en acceso a reparación y cambios en percepciones comunitarias, aunque señalan limitaciones en cobertura territorial y sostenibilidad financiera. Críticas provienen de sectores vinculados a la Procuraduría General de la Nación y actores políticos que cuestionan la eficacia frente a expectativas públicas, y de organizaciones de víctimas que demandan mayor participación directa en la gobernanza. Controversias incluyen debates jurídicos ante la Corte Constitucional de Colombia sobre precedentes de restitución y tensiones con algunas administraciones municipales por prioridades de inversión.
Category:Organizaciones de Colombia Category:Reconciliación