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| Jurisdicción Especial para la Paz | |
|---|---|
| Name | Jurisdicción Especial para la Paz |
| Native name | Jurisdicción Especial para la Paz |
| Established | 2016 |
| Jurisdiction | Colombia |
| Parent organization | Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición |
Jurisdicción Especial para la Paz is the transitional justice tribunal created after the Colombian conflict peace negotiations between the Government of Colombia and the FARC-EP leading to the Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace signed in 2016. It functions as a component of the Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición alongside entities such as the Comisión de la Verdad (Colombia) and the Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, aiming to investigate, try, and sanction crimes committed during the Armed conflict in Colombia (1964–present). The tribunal operates within a contested legal architecture involving Colombian institutions like the Corte Suprema de Justicia and the Constitucional Court of Colombia, as well as international actors including the United Nations and the Inter-American Commission on Human Rights.
La creación de la tribunal se inserta en el proceso de negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC-EP en La Habana, tras antecedentes que incluyen el Proceso de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (2012–2016), la firma del Acuerdo Final (2016) y episodios como la Toma del Palacio de Justicia (1985), la práctica de los paramilitares vinculados a grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia y las políticas de seguridad de gobiernos anteriores como los de Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango. Instituciones y actores como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, la Fiscalía General de la Nación (Colombia) y organizaciones de víctimas como la Federación Nacional de Víctimas de las Acciones del Conflicto participaron en debates previos. Precedentes jurídicos relevantes incluyen la Ley de Justicia y Paz y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre amnistías y reparación.
El marco normativo descansa en el Acuerdo Final (2016), la ley estatutaria conocida como la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (2017) y decisiones de la Corte Constitucional de Colombia que validaron su constitucionalidad. La estructura contempla salas de Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de Amnistía e Indultos, la Sala de Justicia para la Paz y unidades de apoyo como la Unidad de Investigación y Acusación y la Oficina del Secretario General. La JEP interactúa con órganos como la Fiscalía General de la Nación (Colombia), la Procuraduría General de la Nación (Colombia), la Defensoría del Pueblo (Colombia) y las cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La jurisdicción tiene competencia sobre personas que participaron en hechos vinculados al Conflicto armado en Colombia desde 1 de enero de 1958 hasta el cierre del proceso, incluidos miembros de la FARC-EP, agentes del Estado colombiano, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y terceros vinculados a hechos conexos. Sus funciones comprenden la verdad, la determinación de responsabilidad penal, la imposición de sanciones transicionales, la rehabilitación de víctimas y la coordinación de medidas de no repetición con entidades como el Consejo Nacional de Reincorporación y el Alto Comisionado para la Paz (Colombia). También puede tramitar casos referidos por la Fiscalía General de la Nación (Colombia) y cooperar con la Comisión de la Verdad (Colombia) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Los procedimientos incluyen investigación por la Unidad de Investigación y Acusación; audiencias de reconocimiento ante la Sala de Reconocimiento; procesos contra altos mandos en la Sala de Juicio y Tribunal de la JEP y medidas de protección para víctimas coordinadas con la Defensoría del Pueblo (Colombia) y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. Los mecanismos abarcan la entrevista, la confesión con evidencia complementaria, la colaboración eficaz y la imposición de sanciones restaurativas o restrictivas de derechos, aplicando criterios de proporcionalidad establecidos por la Corte Constitucional de Colombia y la doctrina del Derecho Internacional Humanitario y los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Procedimientos especiales se activan para casos de desaparición forzada vinculados a la Fiscalía General de la Nación (Colombia) y para macrocasos como los relacionados con la Operación Orión y la Masacre de Bojayá.
La JEP opera en complemento con la Fiscalía General de la Nación (Colombia), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia, respetando principios constitucionales como el principio de diferenciación definido en decisiones de la Corte Constitucional de Colombia. Internacionalmente, la JEP dialoga con la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se inspira en experiencias comparadas como la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Sudáfrica), los tribunales para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. También enfrenta obligaciones derivadas de tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La JEP ha sido objeto de controversia política y jurídica implicando a figuras como Iván Márquez, Rodrigo Londoño, Timochenko, Alfonso Cano (mencionado en debates históricos), y gobiernos como los de Iván Duque Márquez y Gustavo Petro. Críticas provienen de la Fiscalía General de la Nación (Colombia), sectores del Congreso de la República (Colombia), organizaciones de víctimas como la Asociación Colombiana de Víctimas, y organismos internacionales por temas de impunidad, garantías de debida diligencia y trato a víctimas de Violaciones de derechos humanos en Colombia. Argumentos incluyen disputas sobre competencia, recursos, la duración de sanciones y recusaciones de magistrados que han involucrado a la Procuraduría General de la Nación (Colombia) y la Corte Constitucional de Colombia.
Hasta la fecha la JEP ha registrado avances en admitir casos, celebrar audiencias de reconocimiento, imponer sanciones transicionales y facilitar procesos de verdad con participación de excombatientes de la FARC-EP y comparecientes del Estado colombiano. Ha contribuido a investigaciones sobre hechos como la Masacre de Mapiripán, el Asesinato de Jaime Garzón y la Operación Génesis, y ha promovido colaboraciones con la Comisión de la Verdad (Colombia) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A la vez enfrenta retos operativos y políticos relacionados con la implementación del Acuerdo Final (2016), decisiones de la Corte Constitucional de Colombia y la aceptación social en regiones afectadas como Chocó, Meta, Antioquia y Putumayo.