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| Convenio de Escazú | |
|---|---|
| Nombre | Convenio de Escazú |
| Firma | 4 de marzo de 2018 |
| Lugar | San José, San José |
| Tipo | tratado regional ambiental |
| Tema | derechos ambientales, acceso a la información, participación, justicia ambiental |
| Entrada en vigor | 22 de abril de 2021 |
| Partes | Estados de América Latina y el Caribe |
Convenio de Escazú. El Convenio de Escazú es un tratado regional firmado en San José entre Estados de América Latina y el Caribe que establece obligaciones sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, así como medidas de protección para personas defensoras del medio ambiente. Su negociación y adopción involucraron a múltiples actores internacionales, incluidos organismos intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y agencias de las Naciones Unidas, y se enmarca en procesos previos como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La negociación del tratado tuvo raíces en conferencias como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), y recibió apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Delegaciones de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Costa Rica participaron junto a representantes de la sociedad civil como Greenpeace, WWF, Amnistía Internacional y coaliciones regionales. El proceso incluyó encuentros en foros como la Reunión de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y consultas con universidades reconocidas como la Universidad de Costa Rica y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actores judiciales como cortes constitucionales, parlamentos nacionales y comisiones legislativas influyeron en la redacción a través de referencias a los marcos jurídicos de países miembros y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El texto incorpora obligaciones sobre acceso a la información ambiental, participación pública en decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, alineándose con principios establecidos por la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y prácticas de la Convención de Aarhus. Contiene capítulos sobre protección de defensores ambientales, medidas de transparencia en entes como Ministerio de Ambiente (varios países), obligaciones para agencias regulatorias y establecimiento de mecanismos de cumplimiento similares a los de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en materia procedimental. El convenio establece derechos vinculantes para particulares y comunidades, articula responsabilidades estatales y referencias a estándares de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos.
El tratado se aplica a los Estados de América Latina y el Caribe que lo suscriban y ratifiquen, incluyendo a países como Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Panamá entre otros. Partes no estatales involucradas en su implementación incluyen organizaciones no gubernamentales transnacionales como IUCN, redes académicas como la Red de Derecho Ambiental de América Latina y agencias multilaterales como el Fondo Verde para el Clima y la UNESCO en aspectos técnicos. El convenio interactúa con instrumentos subregionales como la Comunidad Andina y la Caricom.
El mecanismo de cumplimiento contempla medidas de cooperación técnica, asistencia internacional y seguimiento por instancias designadas por los Estados parte, con participación de expertos de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Prevé la creación de informes periódicos, procedimientos de consulta y posibles consultas entre partes, además de fomentar la adopción de legislación nacional congruente en parlamentos y cortes constitucionales. Se prevén también capacitaciones dirigidas por universidades y centros de investigación, cooperación con bancos multilaterales como el Banco Mundial para proyectos de fortalecimiento institucional, y la integración de mecanismos alternativos de resolución de controversias inspirados en prácticas de la Corte Internacional de Justicia en materia procedimental.
La entrada en vigor buscó fortalecer el rol de organizaciones de la sociedad civil como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, activistas vinculados a movimientos indígenas como Consejo Indígena de Gobierno y comunidades locales en procesos de consulta previa relacionados con proyectos extractivos respaldados por empresas como Codelco o Petrobras. Ha influido en decisiones judiciales en jurisdicciones como las cortes suprema de Perú y Chile, y ha sido invocado en litigios ambientales asociados a megaproyectos, servidumbres y derechos territoriales, complementando instrumentos regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Críticas provinieron de sectores empresariales, cámaras de comercio y algunos ministerios señalando posibles impactos en la inversión foránea y en procesos de licenciamiento relacionadas con actores como Confederación de la Producción y del Comercio (Chile). Organizaciones ambientalistas han advertido sobre la insuficiente protección real para defensores frente a violencia vinculada a megaproyectos gestionados por corporaciones transnacionales como Glencore o Barrick Gold. Otros retos incluyen la implementación desigual entre Estados con sistemas judiciales divergentes como Honduras, Guatemala o Nicaragua y la necesidad de recursos financieros de fuentes como el Banco Interamericano de Desarrollo para cumplimiento efectivo.
El instrumento fue abierto a firma en San José y alcanzó el quórum necesario para su entrada en vigor el 22 de abril de 2021 tras las ratificaciones de varios Estados parte, incluyendo a Costa Rica, México, Ecuador y Argentina. Desde entonces, más países han iniciado procesos de firma y ratificación en parlamentos nacionales y cámaras de diputados, con algunos debates legislativos en asambleas nacionales y tribunales constitucionales. La adhesión continúa en evolución con campañas de promoción por parte de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ONG internacionales.
Category:Tratados ambientales