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| Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad | |
|---|---|
| Name | Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad |
| Long name | Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo |
| Date signed | 13 de diciembre de 2006 |
| Location signed | Nueva York |
| Parties | Estados parte de las Naciones Unidas |
| Deposited | Secretario General de las Naciones Unidas |
| Language | árabe; chino; español; francés; inglés; ruso |
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que establece un marco jurídico para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, influido por procesos previos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño. Su negociación involucró a actores como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, y redes de organizaciones no gubernamentales como la Federación Mundial de Sordos y la Disabled Peoples' International.
La génesis del tratado conecta decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con iniciativas de la Comisión de Derechos Humanos y programas de la Organización Mundial de la Salud; procesos paralelos incluyeron resoluciones impulsadas por la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, y coaliciones de la sociedad civil como la European Disability Forum y la International Disability Alliance. En la fase preparatoria participaron expertos vinculados a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y representantes estatales de países como España, México, Brasil, Sudáfrica y Japón. Las negociaciones finales en la Sede de las Naciones Unidas reunieron delegaciones de la Cruz Roja Internacional, la Unión Africana, la Liga Árabe y grupos consultivos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El texto del tratado articula principios inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporando conceptos promovidos por la Organización Mundial de la Salud y metodologías evaluadas por el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Los principios incluyen la dignidad inherente reconocida en la Carta de las Naciones Unidas, la igualdad ante instrumentos como la Convención Europea de Derechos Humanos, la no discriminación defendida por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la accesibilidad promovida por la Unión Europea, y la participación plena vinculada a resoluciones de la Asamblea General de la ONU y trabajos de la Organización Internacional del Trabajo.
El tratado reconoce derechos que remiten a instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: igualdad jurídica asociada a decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vida independiente relacionada con políticas examinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección contra la tortura en línea con la Convención contra la Tortura, y acceso a servicios conforme a recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las obligaciones estatales reflejan estándares presentes en estatutos de la Unión Europea, legislaciones nacionales como la ley de Estados Unidos sobre discapacidades y normas adoptadas en países como Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania.
La implementación se monitorea mediante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano creado por el tratado que recibe informes periódicos de los Estados parte y actúa en paralelo a comités como el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Protocolo Facultativo establece procedimientos de comunicaciones semejantes a los del Comité de Derechos Humanos y mecanismos de investigación comparables a los usados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones de la sociedad civil como la Human Rights Watch, la Amnistía Internacional y la World Vision participan en revisiones periódicas y en la elaboración de informes paralelos.
La Convención ha impulsado modificaciones legislativas en jurisdicciones como España, México, Brasil, Argentina, Sudáfrica y India, influyendo en códigos civiles y en normativas administrativas de instituciones como los parlamentos de Reino Unido y Canadá y en tribunales como el Tribunal Constitucional de Colombia y el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Programas de cooperación técnica de entidades como el Banco Mundial, la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han promovido reformas en sistemas de salud de Perú, sistemas educativos de Chile y políticas laborales en Alemania y Japón. Redes de organizaciones como la European Disability Forum y la International Disability Alliance han documentado cambios en derechos electorales, accesibilidad urbana en ciudades como Madrid, Ciudad de México y Johannesburgo.
Las críticas provienen de juristas vinculados a la Corte Internacional de Justicia y académicos de universidades como Harvard University, University of Oxford y Universidad Nacional Autónoma de México que discuten alcance normativo y límites presupuestarios, y de ONG como Human Rights Watch que señalan implementación insuficiente en países del África Subsahariana, la Región de Asia y el Pacífico y América Latina. Debates jurídicos han involucrado a tribunales constitucionales de Estados Unidos, India y Sudáfrica sobre interpretación de derechos y reservas; foros multilaterales como la Cumbre de Río+] ] y el Foro Político de Alto Nivel han abordado tensiones entre obligaciones internacionales y prioridades nacionales.
Desde su apertura a la firma la Convención obtuvo ratificaciones de Estados parte incluidos Argentina, España, México, Brasil, Sudáfrica, Japón, Canadá y varios Estados miembros de la Unión Europea; el depósito de instrumentos se hace ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Proceso de adhesión y ratificación ha sido estudiado por instituciones como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, mientras que mecanismos de asistencia técnica han contado con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y agencias de la ONU como la UNICEF y la OMS.
Category:Tratados de derechos humanos