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| Convención Mixta Constitucional | |
|---|---|
| Name | Convención Mixta Constitucional |
| Native name | Convención Mixta Constitucional |
| Type | Asamblea constituyente mixta |
| Established | 2023 |
| Location | Santiago, Valparaíso |
| Jurisdiction | Chile |
Convención Mixta Constitucional fue el órgano encargado del proceso de redacción y deliberación sobre una nueva Carta Fundamental en Chile, constituido en el marco del acuerdo político y social tras el estallido social de 2019 y las negociaciones parlamentarias que siguieron. Su conformación y funcionamiento articularon actores políticos, parlamentarios, magistrados y representantes sociales para discutir materias institucionales, derechos sociales, organización territorial y sistema electoral. El proceso involucró intensos debates parlamentarios, pronunciamientos judiciales y movilizaciones ciudadanas que conectaron a múltiples partidos, movimientos sociales, universidades y organizaciones internacionales.
El origen del órgano se vincula al Estallido social de 2019 y a las negociaciones entre coaliciones políticas como Coalición por el Cambio (Chile), Nueva Mayoría, Partido Comunista de Chile, Frente Amplio (Chile), Partido Radical (Chile), Democracia Cristiana (Chile), Partido Socialista de Chile, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Partido por la Democracia y movimientos ciudadanos como Primera Línea (Chile), Movimiento NO+AFP, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Confederación de Estudiantes de Chile. Las demandas ciudadanas conectaron con procesos internacionales como la Primavera Árabe, la Protesta en Hong Kong de 2019–2020 y la Revolución de los Paraguas, además de ecos en reformas constitucionales previas como en España y Sudáfrica.
La Constitución vigente de 1980 fue promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada en múltiples ocasiones por actores como Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Críticas a disposiciones heredadas vinculadas a instituciones como la Junta de Gobierno (Chile), la Comisión de Constitución del Congreso Nacional (Chile), el Tribunal Constitucional de Chile y su articulación con el Banco Central de Chile y el Poder Judicial de Chile impulsaron debates en torno a mecanismos de reforma que habían sido abordados en foros como la Comisión Ortúzar, la Comisión Verdugo y la Mesa Técnica Constitucional. Procesos previos incluyeron iniciativas de Ricardo Lagos y la reforma de 2005 impulsada por Concertación de Partidos por la Democracia.
La convocatoria estuvo mediada por el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado en el Congreso Nacional de Chile y por el plebiscito constitucional de 2020 que enfrentó a opciones apoyadas por figuras como Gabriel Boric, José Antonio Kast, Beatriz Sánchez, Alejandro Guillier, Marco Enríquez-Ominami, Sebastián Piñera y organizaciones como Servicio Electoral de Chile (Servel). La composición combinó representantes parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y el Senado de Chile junto a delegados electos por distritos vinculados a partidos como Revolución Democrática, Partido Liberal (Chile, 2013), Democracia Cristiana, Partido Republicano (Chile, 2019), Comunes (partido político), Partido Igualdad y representantes de pueblos originarios organizados en entidades como Consejo de Todas las Tierras y Consejo de Pueblos Indígenas. Las reglas de funcionamiento fueron objeto de negociación entre la Corte Suprema de Chile, la Fiscalía Nacional y la Contraloría General de la República, y se inspiraron en procedimientos comparados usados en Asamblea Constituyente de Ecuador (2007), Convención Constitucional de Chile (2021–2022) y la Constitución de la República Dominicana (2010).
Se formaron comisiones temáticas que abordaron materias como organización del Estado, derechos sociales, derechos ambientales, sistema político, descentralización, justicia constitucional y reforma tributaria. Entre las comisiones destacaron nombres asociados con comisiones equivalentes en parlamentos y gobiernos: comisión de Derechos Humanos con participación de figuras provenientes de Corporación Humanas, comisión de Sistemas Electorales en diálogo con el Servel, comisión de Medio Ambiente en cooperación con la Comisión para la Conservación de la Biodiversidad y comisiones de Justicia que dialogaron con el Poder Judicial de Chile y la Corte Suprema de Justicia. Las discusiones incorporaron aportes de universidades como Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Austral de Chile, Universidad de Concepción y think tanks como Centro de Estudios Públicos y Fundación Iguales.
El funcionamiento combinó sesiones plenarias, votaciones por quórum y mecanismos de deliberación pública que incluyeron audiencias con actores como Central Única de Trabajadores de Chile, Confederación de la Producción y del Comercio, Colegio Médico de Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Municipalidades de Chile, Indígenas Mapuche, Indígenas Aymara y representantes de la sociedad civil organizada. Se emplearon procedimientos parlamentarios comparables a los del Congreso Nacional (Chile) y a reglamentos del Parlamento Europeo y la Cámara de los Comunes (Reino Unido), así como mecanismos de participación digital inspirados en plataformas usadas por la ONU y la Organización de Estados Americanos.
La Convención produjo una propuesta de texto constitucional que incluyó reformas en distribución de competencias entre instancias estatales, reconocimiento de derechos sociales, derechos de la naturaleza, nuevos mecanismos de participación ciudadana y cambios en el sistema electoral. La propuesta fue sometida a votación en un plebiscito nacional que movilizó campañas lideradas por figuras como Yasna Provoste, Hernán Larraín, Camila Vallejo, Roberto Ampuero, Ricardo Lagos Escobar, Evelyn Matthei, Alfredo Moreno y organizaciones como Comité por el Apruebo y Comité por el Rechazo. El resultado abrió debates parlamentarios en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y el Senado de Chile sobre implementación y reformas secundarias.
Las reacciones incluyeron pronunciamientos de partidos políticos como Partido Socialista de Chile, Partido Comunista de Chile, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y líderes sociales vinculados a sindicatos como Central Autónoma de Trabajadores y agrupaciones estudiantiles como Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Instituciones judiciales como la Corte Suprema de Chile y la Corte Interamericana de Derechos Humanos observaron el proceso; organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Unión Europea emitieron observaciones. Consecuencias incluyeron reformas legales en el Servicio Electoral de Chile (Servel), cambios en la financiación de partidos políticos discutidos por el Tribunal Constitucional de Chile y ajustes en la institucionalidad municipal con implicancias para la Asociación Chilena de Municipalidades y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Category:Política de Chile