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| Movimiento No+AFP | |
|---|---|
| Name | Movimiento No+AFP |
| Native name | No+AFP |
| Formation | 2016 |
| Founder | Mario Desbordes; Hugo Gutiérrez; Camila Vallejo |
| Type | Social movement |
| Location | Chile |
Movimiento No+AFP
Movimiento No+AFP es un movimiento social chileno que impulsó demandas de reforma del sistema de pensiones administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones. Surgió en el contexto de movilizaciones ciudadanas y actividades de organizaciones estudiantiles, sindicales y vecinales, y conectó con procesos políticos que incluyeron campañas electorales, plebiscitos y debates en el Congreso.
En sus raíces participan actores vinculados a protestas como las movilizaciones estudiantiles de 2011, las jornadas sindicales en Confederación de Trabajadores del Cobre y episodios mediáticos como la cobertura de Televisión Nacional de Chile sobre pensiones, además de influencias internacionales como los debates sobre seguridad social en Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. El movimiento se desarrolló durante mandatatos como el de Michelle Bachelet y el de Sebastián Piñera, en contextos políticos que involucraron a partidos como Partido Socialista de Chile, Partido Comunista de Chile, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente. Sus demandas se discutieron en espacios públicos vinculados a instituciones como el Congreso Nacional de Chile, la Contraloría General de la República de Chile y organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores y la Cámara de Diputados de Chile.
El movimiento emergió con liderazgo diffuso incluyendo a figuras públicas y activistas vinculadas a Frente Amplio (Chile), a sindicatos del Cobre y a dirigentes estudiantiles próximos a la Confech. Su organización combinó comités locales en municipios como Santiago, Valparaíso y Concepción con apoyo de organizaciones civiles como Observatorio del Gasto Fiscal y redes de profesionales del Instituto Libertad y Desarrollo y el Centro de Estudios Públicos. Se coordinaron mediante asambleas, mesas técnicas y plataformas ciudadanas que dialogaron con autoridades como el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Chile) y con comisiones en la Cámara de Senadores de Chile.
Las demandas incluyeron reemplazar las administradoras Administradoras de Fondos de Pensiones por modelos públicos inspirados en experiencias de países como Canadá, Australia y Países Nórdicos, crear un pilar solidario como el sistema de Seguro Social de Reino Unido, incrementar la pensión básica y modificar marcos legales como el DL 3.500 y propuestas de ley estudiadas en comisiones presididas por legisladores de Partido por la Democracia y Democracia Cristiana (Chile). Se propusieron mecanismos de financiamiento mediante cotizaciones, impuestos sobre el Cobre y aportes fiscales similares a debates en Perú y Argentina.
El movimiento organizó cabildos, protestas en plazas históricas como Plaza de la Constitución, manifestaciones frente al Palacio de La Moneda y campañas de recolección de firmas para iniciativas populares que apuntaron a plebiscitos y mociones parlamentarias en la Cámara de Diputados de Chile. Colaboró con actores de la sociedad civil como Fundación Sol, Red de Investigadoras Sociales y sindicatos de empresas como Codelco y LATAM Airlines. Sus acciones incluyeron mítines, caravanas y audiencias públicas donde participaron autoridades como ministros del gabinete y alcaldes de comunas como Providencia y La Florida.
El movimiento influyó en la agenda pública y en la incorporación del tema pensional en campañas presidenciales de figuras como Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez y Gabriel Boric. Generó discusiones en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de Chile y en el diseño de reformas que involucraron a organismos como el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Pensiones. Además, afectó el discurso de partidos como Construcción Democrática y movimientos estudiantiles asociados a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El movimiento ha sido objeto de críticas desde sectores políticos como Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, y de consultoras y académicos afiliados a instituciones como el Centro de Estudios Públicos y la Universidad Adolfo Ibáñez, que cuestionaron la viabilidad financiera de propuestas comparadas con reformas en España y Chile previas al Golpe de Estado de 1973. Se señalaron tensiones por la presencia de figuras públicas vinculadas a partidos como Partido Comunista de Chile y por la relación con sindicatos que protagonizaron huelgas en empresas como Escondida. Hubo debates sobre transparencia de financiamiento en los que intervino la Contraloría General de la República de Chile y la Fiscalía Nacional Económica.
En años recientes, la agenda del movimiento se vinculó con procesos constituyentes como la redacción de la Constitución de 2022 y con políticas implementadas por gobiernos posteriores incluyendo reformas impulsadas por presidentes como Gabriel Boric y ministros del área previsional. Continuó la interacción con actores legislativos en la Cámara de Diputados de Chile y con organismos técnicos como la Superintendencia de Pensiones y el Instituto Nacional de Estadísticas (Chile), además de mantener presencia en movilizaciones y plataformas digitales junto a organizaciones como Movimiento Autonomista y Partido Igualdad.