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| Reglamento de Archivos de la Administración General del Estado | |
|---|---|
| Name | Reglamento de Archivos de la Administración General del Estado |
| Type | Norma administrativa |
| Jurisdiction | España |
| Enacted by | Cortes Generales |
| Date enacted | 1978 (texto base), reformas posteriores |
| Related | Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1612/1979 |
Reglamento de Archivos de la Administración General del Estado.
El Reglamento de Archivos de la Administración General del Estado es una norma administrativa que regula la organización, gestión y preservación de los archivos dependientes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Cultura y Deporte y otras dependencias del Estado español como la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, la Subdirección General de los Archivos Estatales y el Archivo General de la Administración. Su finalidad se inscribe en la tradición normativa iniciada con la Constitución de 1978 y se vincula con instrumentos internacionales como la Convención de La Haya de 1954 y las directrices del Unesco y el Consejo de Europa.
El Reglamento tiene raíces en disposiciones anteriores como el Real Decreto de 1875, las normas de la Segunda República Española y la legislación franquista, y se articula junto a leyes contemporáneas: Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Español (modificada), Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Intervienen en su desarrollo instituciones como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Indias, el Archivo General de Simancas y el Consejo de Estado (España), así como directrices emanadas del Ministerio de Justicia (España), el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Mercados y Valores en aspectos documentales especializados.
El Reglamento regula la gestión de expedientes y fondos de organismos como el Banco de España, la Dirección General de Tráfico, el Instituto Nacional de Estadística (España), la Guardia Civil (España), y las secretarías de Estado, así como entes públicos vinculados como el Instituto Cervantes, la Agencia Estatal de Investigación y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Abarca materiales custodiados en el Archivo General del Palacio Real, el Archivo de la Corona de Aragón, y sedes provinciales dependientes de la Subdirección General de Archivos Estatales, sin perjuicio de competencias autonómicas ejercidas por comunidades como la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Catalunya y la Junta de Andalucía.
El Reglamento define funciones atribuidas a órganos como el Archivo General de la Administración, la Dirección General de Archivos y Museos y las secciones documental y técnica de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos y la Oficina Española de Patentes y Marcas. Establece la jerarquía administrativa entre archivos centrales, provinciales y de sección, coordinando acciones con instituciones culturales como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España, además de relaciones técnicas con organismos europeos como el Archivo Histórico de la Unión Europea y la European Archives Council.
Se regulan criterios de clasificación aplicables a fondos procedentes de entidades como el Servicio de Correos y Telégrafos, la Dirección General de Tráfico, el Instituto Nacional de Estadística (España), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo tablas de valoración, series y subseries conforme a modelos usados por el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de Indias. Instrumentos técnicos como catálogos, inventarios y cuadros de clasificación se armonizan con sistemas informáticos empleados por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Fomento (España), así como con estándares internacionales promovidos por la Unesco y la International Council on Archives.
El texto establece reglas de acceso diferenciadas para documentos protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 y por estatutos como la Ley de Secretos Oficiales (España), coordinando plazos y restricciones con la Agencia Española de Protección de Datos y con órganos de control como el Tribunal Constitucional (España), el Tribunal Supremo (España) y la Fiscalía General del Estado. Regula medidas de conservación preventiva aplicables en depósitos gestionados por el Archivo General de Simancas, el Archivo General de la Administración y el Archivo Histórico Nacional y la digitalización coordinada con proyectos del Centro para la Recuperación de Documentos Históricos y el Centro de Estudios Históricos.
Describe procedimientos de transferencia desde organismos como el Banco de España, el Ministerio de Defensa (España), la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil (España) hacia archivos históricos estatales, y regula depósitos temporales en instituciones como el Archivo de la Corona de Aragón o el Archivo del Reino de Galicia. Establece criterios de eliminación y expurgo acordes con dictámenes del Consejo de Estado (España) y del Patronato del Archivo Histórico Nacional, y procesos de inventariado y traspaso que involucran a entidades como el Servicio de Publicaciones del Estado y la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El Reglamento prevé inspecciones administrativas ejercidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Intervención General de la Administración del Estado y la Audiencia Nacional (España), así como responsabilidades disciplinarias conforme a normas dictadas por el Ministerio de Política Territorial y la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Regula además la colaboración con organismos supranacionales como el Consejo de Europa y la Unesco en controles puntuales, y dispone mecanismos sancionadores frente a incumplimientos que afectan a instituciones como la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, el Archivo General de la Administración y los archivos provinciales.