Generated by GPT-5-mini| Plataforma Continental Argentina | |
|---|---|
| Nombre | Plataforma Continental Argentina |
| Pie imagen | Mapa de la región marítima en disputa |
| País | Argentina |
| Área | 1.2 millones km² (estimado añadido a la ZEE) |
| Tipo | Plataforma continental extendida |
Plataforma Continental Argentina es la porción de plataforma continental reclamada por Argentina más allá de la Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas, con límites proyectados que se extienden hacia el Atlántico Sur y áreas adyacentes a las Islas Malvinas. La reclamación argentina se apoya en criterios científicos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en presentaciones ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. El tema cruza ámbitos relacionados con la Política exterior de Argentina, la Resolución 61/105 (2006) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre pesca y conserva implicaciones para la Exploración petrolera en Argentina y la administración de recursos por parte de organismos como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
La extensión reclamada abarca sectores frente a las costas de Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cerca de la Península Antártica, y adyacencias de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, e incluye batimetría sobre la plataforma continental y el talud continental frente a Mar Argentino, Atlántico Sur y marginaciones contiguas al Paso Drake. Las determinaciones científicas usan datos de Bathymetría, perfiles de Talud continental y criterios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; estas propuestas fueron entregadas a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental con mapas que citan coordenadas y testigos geológicos estudiados por equipos del Servicio de Hidrografía Naval (Argentina) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Límites estimados colindan con espacios jurisdiccionales reclamados por el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas y con zonas marítimas próximas a la República de Chile y a la Antártida Argentina.
La evolución legal de la plataforma incorpora hitos como la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Montego Bay y las subsecuentes reuniones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Las presentaciones argentinas siguieron modelos usados por países como Noruega, Brasil y Reino Unido para ampliar la plataforma mediante evidencia geológica. Durante el Siglo XX las políticas marítimas argentinas se formularon bajo gobiernos de la Década Infame, la Segunda Guerra Mundial, la Dictadura cívico-militar argentina (1976–1983) y administraciones democráticas como las de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que impulsaron la investigación petrolera con empresas estatales como YPF y acuerdos con corporaciones como ExxonMobil y TotalEnergies. Las disputas legales y diplomáticas antecedieron y sucedieron el Conflicto del Atlántico Sur y las resoluciones de organismos multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Argentina presentó documentación científica y cartográfica ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental conforme a los artículos 76 y 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presentación fue elaborada por instituciones como el Servicio de Hidrografía Naval (Argentina), el CONICET y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Argentina), y apoyada en investigaciones realizadas por buques oceanográficos y equipos de instituciones como la Prefectura Naval Argentina y universidades como la Universidad de Buenos Aires. El proceso en la CLPC requiere pruebas geológicas y geofísicas similares a las aportadas por Canadá, Australia y Rusia, y genera objeciones de Estados vecinos como el Reino Unido por solapamientos en áreas próximas a las Islas Malvinas. La tramitación ante la ONU también implica interacción con resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre actividad marítima sostenible y con órganos técnicos como la Organización Marítima Internacional cuando hay implicancias de seguridad y trazabilidad de rutas.
La plataforma contiene yacimientos hidrocarburíferos investigados por YPF, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies y empresas de Petrobras en áreas análogas; exploraciones prepenetran el talud y buzones de sedimentos contenidos en estudios del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Pesquerías de alto valor como la de Merluza hubbsi, Calamar del Atlántico y poblaciones de Langostino argentino sostienen flotas vinculadas a compañías como Congemar y puertos como Puerto Madryn y Puerto Deseado. Además, la posible existencia de minerales polimetálicos y depósitos de Hidrocarburos atrae inversiones y acuerdos con firmas internacionales y afecta políticas fiscales gestionadas por el Ministerio de Economía (Argentina) y la Secretaría de Energía. Proyectos de infraestructura portuaria, plataformas de perforación y cables submarinos involucran actores como el Ente Nacional Regulador del Gas y la Administración Nacional de Puertos.
La actividad humana sobre la plataforma tensiona ecosistemas documentados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el CONICET y ONG internacionales como Greenpeace y el WWF. Especies de aves como el Albatros y mamíferos marinos como las Ballena franca austral y focas vinculadas a las Islas Malvinas están sujetas a riesgos por la actividad petrolera y la sobrepesca, lo que ha motivado planes de manejo por la Administración de Parques Nacionales (Argentina) y propuestas de áreas marinas protegidas similares a iniciativas de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Estudios sobre impactos ambientales estratégicos son promovidos por universidades como la Universidad Nacional del Sur y centros de investigación como el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
La reclamación marítima colisiona con posiciones del Reino Unido relativas a las Islas Malvinas, lo que revive el legado del Conflicto del Atlántico Sur (1982) y tensiones diplomáticas en foros como la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Actores extra-regionales como China y Estados Unidos han mostrado interés indirecto por proyectos energéticos y por la libertad de navegación defendida por la OTAN y la Organización Marítima Internacional. Disputas sobre licencias de exploración han provocado litigios y sanciones comerciales cuyo tratamiento ha involucrado a tribunales y arbitrajes donde participan firmas legales y consultoras internacionales. Debates sobre soberanía contrapuestos por manifestaciones del Gobierno del Reino Unido y de gobiernos provinciales argentinos han llevado a campañas diplomáticas y acuerdos bilaterales y multilaterales que incluyen mediaciones de organismos como la Comisión de Derecho Internacional.
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