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| Ministerio de Política Territorial y Función Pública (España) | |
|---|---|
| Nombre | Ministerio de Política Territorial y Función Pública |
| País | España |
| Creado | 2018 |
| Sede | Madrid |
| Ministro | Miquel Iceta (example) |
| Dependencia | Gobierno de España |
Ministerio de Política Territorial y Función Pública (España) es un departamento ministerial del Reino de España responsable de las relaciones entre la Administración Pública de España, las comunidades autónomas de España y las entidades locales, así como de la coordinación de la función pública estatal. Creado en distintas configuraciones a lo largo de la historia contemporánea, su ámbito toca instituciones como la Cortes Generales, el Gobierno de España, el Congreso de los Diputados y el Senado (España), y se vincula con organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en funciones administrativas.
El origen institucional remonta a reformas de la Constitución Española de 1978, los decretos de reorganización ministerial de la Transición española, y etapas de gobierno como los de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Ha sufrido fusiones y separaciones con ministerios como el de Administraciones Públicas (España), el de Hacienda (España), el de Territorio y Vivienda (España) y el de Política Territorial (España). En diferentes legislaturas las competencias se han articulado mediante leyes como el Real Decreto 1038/2010 y disposiciones del Consejo de Ministros (España). El ministerio ha interactuado con episodios clave como el proceso del Estatut de Autonomía de Cataluña de 2006, la sentencia del Tribunal Constitucional (España), la negociación del Pacto de Toledo, y la gestión de crisis territoriales vinculadas a la Crisis económica de 2008 y la Pandemia de COVID-19.
Las competencias incluyen la coordinación de las relaciones con las comunidades autónomas de España, la interlocución con la Federación Española de Municipios y Provincias, la política de empleo público vinculada a la Administración General del Estado (AGE), la negociación de acuerdos con patronatos autonómicos y la supervisión de cuerpos como la Policía Nacional (España) en aspectos competenciales, además de la gestión de normativa administrativa derivada de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015. También asume iniciativas en materia de modernización impulsadas por la Oficina Nacional de Evaluación (ONVE), cooperación con la Unión Europea y participación en foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (España), el Consejo de Estado (España) y la Audiencia Nacional (España) en asuntos administrativos.
La estructura suele incluir la Secretaría de Estado de Política Territorial, la Secretaría de Estado de Función Pública, direcciones generales como la de Cooperación con las Comunidades Autónomas (España), la de Régimen Local, y órganos consultivos como la Comisión Interministerial y el Consejo de Coordinación. En su organigrama se integran unidades técnicas que colaboran con instituciones como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, y agencias participadas en ámbitos específicos. El ministerio mantiene delegaciones en provincias que conectan con las diputaciones provinciales, los ayuntamientos como el de Madrid, el de Barcelona, y cabildos insulares como el de Santa Cruz de Tenerife.
Han ocupado la titularidad figuras procedentes de partidos como el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular (España), Unidas Podemos, y formaciones regionales que han concurrido a gobiernos de coalición. Los ministros han mantenido relaciones con líderes autonómicos como el presidente de la Generalitat de Cataluña, el presidente de la Generalitat Valenciana, el lehendakari del País Vasco y presidentes autonómicos de comunitats como Andalucía, Galicia y La Rioja. La designación de ministros se produce por el Real Decreto de nombramiento firmado por el Rey de España y ratificado en el Consejo de Ministros (España).
El presupuesto se integra en los Presupuestos Generales del Estado y contempla partidas para personal funcionario de la Administración General del Estado (AGE), para transferencias a las comunidades autónomas y para convenios con entidades locales. El ministerio gestiona ofertas de empleo público (OEP) que afectan a cuerpos como los inspectores, gestores, técnicos y personal de administración, en coordinación con el Sindicato de Administraciones Públicas y asociaciones profesionales como la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores. Los recursos incluyen partidas para formación en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), inversiones en digitalización vinculadas a la Agenda Digital para España y contratación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
Mantiene instrumentos de cooperación como el Consejo de Política Territorial, convenios bilaterales con gobiernos autonómicos y programas de financiación vinculados al Fondo de Compensación Interterritorial. Colabora con organismos territoriales como las diputaciones, cabildos y consejos insulares, y entidades supramunicipales como la Mancomunidad de municipios. Ha mediado en conflictos territoriales junto a instancias judiciales como el Tribunal Supremo (España) y órganos consultivos como el Consejo Económico y Social (España), y participa en la coordinación de políticas transversales con la Comisión Europea y entidades como la Banco Europeo de Inversiones en proyectos de infraestructuras.
Entre sus iniciativas figuran la modernización de la función pública mediante planes de digitalización, la implantación de medidas de transparencia conforme a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la promoción de la cooperación interadministrativa en programas cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la gestión de fondos asociados a la reconstrucción post-crisis. Ha impulsado convenios para la eficiencia energética en edificios públicos con organismos como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, proyectos de empleo público con entidades formativas como la Universidad Complutense de Madrid y acuerdos en materia de régimen local con plataformas como la Federación Española de Municipios y Provincias.
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