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| Gobierno de Gabriel Boric | |
|---|---|
| Nombre | Gobierno de Gabriel Boric |
| Periodo | 11 de marzo de 2022 – presente |
| Presidente | Gabriel Boric Font |
| Partido | Partido Comunista de Chile (coalición Apruebo Dignidad) |
| Sede | Palacio de La Moneda |
| Predecesor | Gobierno de Sebastián Piñera |
Gobierno de Gabriel Boric es la administración encabezada por Gabriel Boric Font tras su victoria en la segunda vuelta presidencial de 2021 frente a José Antonio Kast. Se enmarca dentro de la coalición Apruebo Dignidad que agrupa a fuerzas como Convergencia Social, Partido Comunista de Chile, Revolución Democrática y otros, y sucede a la administración de Sebastián Piñera. El periodo ha estado marcado por iniciativas de reforma constitucional, cambio en políticas sociales y conflictos políticos con actores como Congreso Nacional de Chile, Corte Suprema de Chile y movimientos sociales.
La campaña presidencial de 2021 se desarrolló después del estallido social de octubre de 2019 y el proceso constituyente iniciado en el Plebiscito de 2020. Candidaturas clave incluyeron a Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna Provoste y Franco Parisi, mientras que fuerzas políticas como Frente Amplio, Partido Socialista de Chile, Partido Demócrata Cristiano y Partido Comunista de Chile redefinieron alianzas. El triunfo de Boric se apoyó en movimientos estudiantiles vinculados a la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y colectivos como Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Colectivos feministas. Temas centrales en la campaña fueron propuestas ligadas a pensiones administradas por Administradoras de Fondos de Pensiones, reformas tributarias debatidas en foros del Congreso Nacional de Chile, y cambios en el sistema de salud pública representado por el Fondo Nacional de Salud y la Superintendencia de Salud.
La investidura el 11 de marzo de 2022 reunió autoridades de la región como representantes de Unión Europea, embajadores de Estados Unidos y mandatarios de Argentina y Uruguay. El gabinete incluyó ministros provenientes de organizaciones como Convergencia Social, Partido Comunista de Chile, y figuras independientes con experiencia en instituciones como la Universidad Diego Portales y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nombres clave en el primer gabinete incluyeron ministros vinculados a la Cámara de Diputados de Chile y el Senado de Chile, además de secretarios permanentes con trayectoria en la Contraloría General de la República. Conflictos en designaciones enfrentaron a actores del partido Renovación Nacional y organizaciones sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores.
En materia económica la administración impulsó propuestas tributarias debatidas en la Cámara de Diputados de Chile, reformas a la legislación sobre Impuesto a la Renta y medidas ante agentes financieros como la Bolsa de Comercio de Santiago y la Superintendencia de Valores y Seguros. En salud se promovieron cambios en el sistema público ligado a la Red de Salud Pública y la Fondo Nacional de Salud, con participación de expertos de la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Concepción. En educación se plantearon modificaciones en las políticas de la Universidad de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María y colegios administrados por el Ministerio de Educación (Chile), incluyendo discusiones sobre financiamiento estudiantil relacionadas con la Comisión Nacional de Acreditación. En vivienda se han articulado programas con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Chile), municipalidades como Municipalidad de Santiago y entidades como el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), enfrentando demandas de movimientos como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y organizaciones de copropietarios.
La política exterior redefinió relaciones con países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, China y organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. La administración participó en foros de la Alianza del Pacífico y la Asean en materias de comercio, y recibió críticas y elogios por su postura respecto a temas como crisis en Venezuela y derechos humanos en Cuba. Se promovieron acuerdos comerciales y dialogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Chile), embajadas en Santiago y misiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Tras el plebiscito de 2020 y la elección de la Convención Constitucional de Chile, el gobierno impulsó una agenda relativa a la nueva constitución, coordinando con la Convención Constitucional y comisiones legislativas del Congreso Nacional de Chile. Proyectos emblemáticos incluyeron reformas a la legislación laboral regulada por el Código del Trabajo (Chile), cambios en el sistema de pensiones vinculados a las AFP y propuestas en materia de recursos naturales con impacto en la normativa sobre Codelco y la Dirección General de Aguas. Las iniciativas se debatieron en el Senado de Chile y la Cámara de Diputados de Chile con interlocución de partidos como Partido Socialista de Chile, Partido por la Democracia y Unión Demócrata Independiente.
La administración enfrentó crisis vinculadas a la seguridad pública en zonas como la Araucanía con implicaciones para la Policía de Investigaciones de Chile y la Carabineros de Chile, así como protestas en plazas como la Plaza Baquedano y movilizaciones de gremios como la Central Unitaria de Trabajadores. Se implementaron políticas coordinadas con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Chile), el Poder Judicial de Chile y la Fiscalía Nacional de Chile para abordar violencia rural, delitos urbanos y emergencias sanitarias. Respuestas a catástrofes naturales involucraron a la Onemi y a cooperación con gobiernos regionales y municipalidades.
La gestión ha recibido evaluaciones mixtas por parte de analistas de instituciones como la Fundación Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (Chile) y centros académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Críticas provinieron de dirigentes de Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional por políticas económicas, mientras que organizaciones sociales y movimientos estudiantiles elogian avances en representación y derechos. El impacto socio-político incluye reconfiguraciones en el electorado, tensiones dentro del bloque de Apruebo Dignidad y efectos en procesos electorales subsecuentes en regiones como Valparaíso y Región Metropolitana de Santiago.
Category:Política de Chile