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| Gobierno de Sebastián Piñera | |
|---|---|
| Nombre | Gobierno de Sebastián Piñera |
| Cargo | Presidencia de la República de Chile |
| Periodo | 2010–2014; 2018–2022 |
| Presidente | Sebastián Piñera Echenique |
| Partido | Renovación Nacional; coalición Chile Vamos |
| Predecesor | Michelle Bachelet |
| Sucesor | Michelle Bachelet; Gabriel Boric |
Gobierno de Sebastián Piñera fue el periodo presidido por el empresario y político Sebastián Piñera Echenique en dos mandatos no consecutivos (2010–2014 y 2018–2022), marcado por reformas económicas, controversias políticas, crisis sociales y una reconfiguración del mapa partidario chileno. Su gestión se desarrolló en el contexto post-terremoto de Terremoto de Chile de 2010, el auge y posterior desaceleración de la Commodities internacionales, y la emergencia de nuevos actores como el movimiento estudiantil y las movilizaciones de 2019. El gobierno interactuó con múltiples instituciones nacionales e internacionales como el Congreso Nacional de Chile, el Banco Central de Chile, la Corte Suprema de Chile y organizaciones multilaterales como la ONU y el Fondo Monetario Internacional.
Sebastián Piñera emergió como líder de la coalición de derecha tras competir en primarias y elecciones frente a figuras como Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami, derrotando a la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, en la segunda vuelta de 2010. Su primera administración heredó la reconstrucción del país tras el Terremoto de 2010 y las políticas implementadas por la presidenta saliente Michelle Bachelet. En 2017 reapareció como candidato de la coalición Chile Vamos, compitiendo contra postulantes como Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez y Guillermo Larraín, y ganó la segunda vuelta frente a Alejandro Guillier en diciembre de 2017, sucediendo finalmente a Michelle Bachelet por segunda vez en 2018.
La gestión de Piñera impulsó políticas ligadas a la apertura de mercados y al estímulo de la inversión privada, en diálogo con actores como el Banco Central de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril y la Cámara de Comercio de Santiago. Se promovieron reformas tributarias parciales que buscaron fomentar la inversión extranjera y la recaudación fiscal en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda de Chile. Durante su gobierno se negociaron tratados y acuerdos con bloques como la Unión Europea y países como China y Estados Unidos, mientras que las políticas macroeconómicas respondieron a choques externos vinculados al precio del cobre y las exportaciones a mercados como China. Además, se aprobaron iniciativas en infraestructuras y concesiones con actores privados y empresas como CAP, SQM y firmas del sector energético, en un contexto regulatorio supervisado por organismos como la Comisión para el Mercado Financiero.
En materia de salud, educación y pensiones el gobierno enfrentó demandas históricas levantadas por movimientos estudiantiles encabezados por figuras como Camilo Ballesteros y organizaciones como la CONFECH, y críticas de la oposición como el Partido Socialista de Chile y Frente Amplio. Se impulsaron medidas parciales en educación superior y mecanismos de elección en colegios que generaron debates en el Congreso Nacional de Chile y en la sociedad civil, incluyendo organizaciones sindicales como la CUT. En derechos humanos, su administración fue cuestionada por colectivos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de respuestas estatales a protestas y acciones policiales, con intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos casos.
La presidencia fortaleció vínculos bilaterales con actores tradicionales como Estados Unidos, España y Reino Unido, y profundizó relaciones comerciales con China y países de Mercosur mediante misiones empresariales y acuerdos bilaterales. Participó activamente en foros multilaterales como la ONU, la OECD y la Organización Mundial del Comercio, y gestionó temas de cooperación regional con gobiernos de Argentina, Perú y Bolivia en asuntos fronterizos, comerciales y ambientales. Su administración además enfrentó disputas diplomáticas puntuales que involucraron a actores como la Corte Internacional de Justicia y reclamaciones históricas en la región.
La segunda administración tuvo una escalada de protesta social en octubre de 2019, protagonizada por movilizaciones masivas que incluyeron a organizaciones estudiantiles, sindicales, mapuches como la CAM y plataformas ciudadanas, generando decretos de estado de emergencia y la intervención de las fuerzas armadas y de orden público como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Las manifestaciones motivaron negociaciones políticas con partidos como Partido Comunista de Chile, Democracia Cristiana y Renovación Nacional y llevaron al proceso constituyente que culminó en el plebiscito de 2020 con la participación de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea en su observación.
Durante sus mandatos, figuras cercanas y empresas vinculadas al presidente fueron objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público de Chile, la Fiscalía Nacional, la Corte Suprema de Chile y la Cámara de Diputados de Chile, incluyendo causas relacionadas con conflictos de interés, operaciones de mercado que involucraron a empresas como Caval y disputas en torno a concesiones y contratos públicos con sociedades ligadas a grupos económicos como Luksic y Piñera. También hubo pesquisas sobre actuaciones de Carabineros de Chile durante protestas y sobre cumplimiento de estándares internacionales señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ONGs como Human Rights Watch.
El balance del periodo es objeto de debate entre historiadores y analistas económicos y políticos como Manuel Antonio Garretón, Alberto Mayol y María Olivia Mönckeberg, y se evalúa en el marco de la transición democrática tras la dictadura de Augusto Pinochet y la consolidación institucional posterior. Su legado incluye reformas económicas, acuerdos comerciales, un proceso constituyente iniciado tras las protestas y un conjunto de controversias judiciales y políticas que marcaron la polarización del país. Instituciones como el Congreso Nacional de Chile, la Corte Suprema de Chile y el Tribunal Constitucional de Chile siguen siendo ámbitos clave para evaluar responsabilidades, reformas y el impacto de sus decisiones en la trayectoria política chilena.
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