Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Agency name	Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Native name	Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Formation	1996
Dissolved	2013
Superseding	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Jurisdiction	Spain
Headquarters	Madrid

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones was the statutory independent regulatory authority for telecommunications in Spain between its creation in 1996 and its integration into the national regulator in 2013, operating at the intersection of Spanish and European policy frameworks and interacting with multiple public and private actors across the European Union, OECD, International Telecommunication Union, United Nations, World Bank, European Commission, Council of the European Union, European Parliament, European Court of Justice, European Investment Bank, European Central Bank, International Monetary Fund, Basel Committee on Banking Supervision, Organisation for Economic Co-operation and Development organs and national bodies such as the Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Economía y Hacienda, Banco de España, Consejo de Estado (Spain), Tribunal Supremo (Spain), Audiencia Nacional (Spain), Congreso de los Diputados (Spain), Senado (Spain), Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Instituto Nacional de Estadística (Spain), Red.es, Telefónica, Vodafone, Orange S.A., MásMóvil, Euskaltel, Retevisión, Abertis, KPN, British Telecom, Deutsche Telekom, France Télécom, Cisco Systems, Huawei, Ericsson, Nokia, Alcatel-Lucent.

Historia

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se constituyó en 1996 como respuesta a las directivas de la Unión Europea de liberalización del sector y a las reformas impulsadas por la Comisión Europea y el Consejo Europeo tras los programas de telecomunicaciones de la Década de 1990 en Europa. Durante su existencia participó en procesos regulatorios vinculados a la liberalización promovida por documentos como las directivas 96/19/CE y 97/33/CE y se relacionó con iniciativas de organismos como la Organización Mundial del Comercio en materia de servicios. A lo largo de su trayectoria coincidió con hitos tecnológicos y corporativos como la privatización y reestructuración de Telefónica, las fusiones de France Télécom y adquisiciones transnacionales, crisis financieras vinculadas a la Burbuja puntocom, y el despliegue de banda ancha fijada por proyectos comunitarios como la Agenda de Lisboa. En 2013 la entidad dejó de existir como órgano independiente al integrarse en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, decisión aprobada por el Consejo de Ministros (Spain) y tramitada ante el Congreso de los Diputados (Spain) y el Tribunal Constitucional (Spain) en recursos posteriores.

Funciones y competencias

Sus funciones incluyeron la regulación sectorial sobre mercados de voz, datos, servicios móviles y redes fijas, la supervisión de obligaciones de servicio universal impuestas a operadores como Telefónica, y la gestión de recursos escasos como frecuencias en coordinación con la Entidade Nacional de Acreditación y el Organismo de Coordinación del Espectro. Actuó como autoridad competente para sancionar incumplimientos de la normativa nacional y europea, para arbitrar disputas entre operadores como Vodafone y Orange S.A., y para emitir informes ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Spain). Además elaboró estudios de mercado que influyeron en decisiones de inversión de actores como Abertis, KPN, Deutsche Telekom, British Telecom, y en políticas de competencia compartidas con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la oficina española de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Estructura organizativa

La organización se articuló en comisionados nombrados por el Consejo de Ministros (Spain) y en unidades técnicas que interactuaban con agencias y centros de investigación como Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Fundación Telefonica, y centros universitarios como la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Valencia, Universidad de Sevilla, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Zaragoza, Universidad de Málaga, Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Navarra, Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá. Contó con áreas de mercados, recursos escasos, competencia, inspección y sanción, y unidades legal y económica que colaboraban con entes como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Patronal de empresas tecnológicas y asociaciones sectoriales como Asociación de Operadores Móviles, GSMA, European Telecommunications Network Operators' Association.

Regulación y normativa aplicable

Actuó en el marco de leyes españolas como la Ley 11/1998, las reformas posteriores y las transposiciones de directivas europeas, además de someterse a pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resoluciones de la Comisión Europea, y estándares técnicos de organismos como la International Telecommunication Union, European Telecommunications Standards Institute, 3GPP, IETF, IEEE, y reglamentos sectoriales que afectaron a operadores como Cisco Systems, Ericsson, Nokia, Huawei, Alcatel-Lucent y a actores financieros como Banco Santander, BBVA, CaixaBank. Su normativa incidió en contratos de suministro, acuerdos de roaming y en la aplicación de políticas de neutralidad de la red debatidas por el Parlamento Europeo, Consejo Europeo y litigadas ante los Tribunales Españoles.

Procedimientos y sanciones

Desarrolló procedimientos administrativos sancionadores, expedientes de resolución de conflictos y procesos de consulta pública que involucraron a empresas como Telefónica, Vodafone, Orange S.A., MásMóvil, Euskaltel, plataformas de contenido como YouTube, Netflix, y asociaciones de consumidores y ONG como FACUA, OCU, Consumers International. Impuso sanciones económicas y medidas correctivas en casos de incumplimiento de obligaciones de interconexión, de acceso a bucles locales y de protección de datos en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos, y sus resoluciones fueron objeto de recursos ante la Audiencia Nacional (Spain) y el Tribunal Supremo (Spain).

Relación con entidades nacionales e internacionales

Mantuvo cooperación técnica y normativa con la Comisión Europea, la CEPT, la BEREC, la International Telecommunication Union, la OCDE, y organizaciones regionales y multilaterales, participando en foros donde estaban presentes actores como European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, GSMA, ETNO, CETIC, y redes de reguladores nacionales como Ofcom, ARCEP, Bundesnetzagentur, ANFR, BNetzA, Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP France), Ofcom (United Kingdom), Federal Communications Commission. A nivel nacional coordinó actuaciones con administraciones autonómicas como la Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia, Diputación Foral de Bizkaia y organismos como Red.es y operadores públicos de redes.

Impacto y controversias públicamente relevantes

Sus decisiones sobre acceso al bucle de abonado y tarifas mayoristas alteraron mercados y produjeron enfrentamientos públicos entre conglomerados como Telefónica y rivales europeos como France Télécom y Deutsche Telekom, generando debates en el Congreso de los Diputados (Spain), en medios como El País, El Mundo, ABC (Spain), La Vanguardia, La Razón y entre asociaciones empresariales y sindicales como CEOE, UGT, CCOO. Fue objeto de críticas por su actuación en casos de transparencia y gobernanza, y sus medidas sobre neutralidad de la red y precios mayoristas suscitaron recursos judiciales y análisis en centros académicos como IESE Business School, ESADE, Universidad Carlos III de Madrid y think tanks como Real Instituto Elcano y Funcas. Su integración en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia provocó controversias políticas y jurídicas debatidas por formaciones como Partido Popular (Spain), Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos (Spanish political party), Izquierda Unida, y analistas internacionales que incluyeron a Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's en evaluaciones económicas y regulatorias.

Category:Telecommunications in Spain