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| Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea | |
|---|---|
| Nombre | Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea |
| Fecha adopcion | 7 de diciembre de 2000 |
| Lugar | Niza |
| Entrada vigor | 1 de diciembre de 2009 |
| Instrumento | Tratado de Lisboa |
| Autoria | Consejo Europeo; elaborada por la Convención europea |
| Idioma | Español; también en Inglés, Francés, Alemán |
| Categorias | Carta de derechos; Derecho de la Unión Europea |
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un documento que recoge derechos y libertades reconocidos para las personas en el contexto de la Unión Europea, aprobado en Niza en 2000 y elevado a valor vinculante por el Tratado de Lisboa en 2009, influyendo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la práctica de órganos como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Su articulado se organiza en seis títulos que abarcan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y colectivos, y su desarrollo histórico enlaza con iniciativas de la Convención Europea presidida por Valéry Giscard d'Estaing, con antecedentes en la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa y en la Carta Social Europea. La Carta ha generado debates ante tribunales nacionales como el Tribunal Constitucional Federal de Alemania y en procedimientos ante el Tribunal Supremo del Reino Unido y el Tribunal Constitucional español.
La Carta fue proclamada por el Consejo Europeo reunido en Niza tras trabajos de la Convención sobre el Futuro de Europa liderada por Valéry Giscard d'Estaing, con participación de representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los gobiernos de los Estados miembros como Reino Unido, Francia, Alemania, España y actores de la sociedad civil incluidos representantes de Consejo de Europa y organizaciones como Amnistía Internacional y Comité Internacional de la Cruz Roja. Sus raíces se encuentran en textos previos como la Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, y en propuestas formuladas durante el proceso constituyente que llevó al fallido Tratado por una Constitución para Europa y más tarde al Tratado de Lisboa. La incorporación jurídica a través del Tratado de Lisboa suscitó posiciones de instituciones nacionales como el Bundesverfassungsgericht y de líderes como Tony Blair y José Manuel Durão Barroso.
La Carta organiza derechos en seis títulos: Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia, incluyendo derechos como la dignidad humana reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de expresión conectada con precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la prohibición de la tortura vinculada a decisiones de Consejo de Europa, la libertad de religión en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y derechos sociales como la protección contra el desempleo discutida por la Organización Internacional del Trabajo. Además recoge la igualdad ante la ley reforzada por dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en casos relacionados con Directiva de igualdad de trato y el derecho a la protección de datos conforme a las políticas de la Comisión Europea y al Reglamento RGPD. La Carta también consagra derechos en materia de medio ambiente resonando con resoluciones del Parlamento Europeo y derechos del niño en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Tras su incorporación mediante el Tratado de Lisboa, la Carta tiene valor vinculante para las instituciones de la Unión Europea y para los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, conforme a interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al principio de primacía derivado de decisiones como Costa v ENEL. Su ámbito se delimita por el artículo que establece que la Carta no extiende las competencias de la Unión respecto a los Tratados de la Unión Europea ni crea nuevas competencias, y por cláusulas sobre la relación con la Convención Europea de Derechos Humanos y con las constituciones nacionales discutidas por cortes como el Tribunal Constitucional Federal de Alemania y el Consejo Constitucional de Francia.
La interacción entre la Carta y ordenamientos nacionales ha sido objeto de pronunciamientos del Bundesverfassungsgericht, del Tribunal Supremo del Reino Unido previo al Brexit y del Tribunal Constitucional español, que han ponderado la primacía del Derecho de la Unión frente a constituciones nacionales como la Grundgesetz alemana o la Constitución Española de 1978. El Consejo de Europa y el Consejo de la Unión Europea han tratado la convergencia entre la Carta y la Convención Europea de Derechos Humanos, mientras que la Corte Europea de Derechos Humanos ha mantenido autonomía jurisdiccional que complementa la protección de derechos, en debates que involucraron a Estados miembros como Polonia, Hungría, Italia y Grecia.
La proclamación en Niza de 2000 siguió un proceso de elaboración por la Convención sobre el Futuro de Europa y por comités ad hoc del Consejo Europeo y la Comisión Europea, con aportaciones de parlamentos nacionales como el Bundestag y la Cámara de los Comunes, y organizaciones de la sociedad civil como Human Rights Watch. Las enmiendas o propuestas de reforma requieren revisiones en los Tratados de la Unión Europea o pronunciamientos políticos del Consejo Europeo, y debates legislativos en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales, siendo citadas en propuestas de revisión como las discutidas durante la redacción del Tratado por una Constitución para Europa.
La Carta ha suscitado críticas desde diversas instancias: partidos conservadores en países como Reino Unido y voces constitucionales en Alemania argumentaron sobre la soberanía nacional y límites competenciales, mientras organizaciones empresariales y gobiernos debatieron derechos sociales y su impacto en la Directiva de Servicios y en políticas de mercado interior defendidas por la Comisión Europea y la Consejería Jurídica de la Unión Europea. Activistas y ONG como Amnesty International y Human Rights Watch han criticado limitaciones prácticas, y debates políticos en el Parlamento Europeo y en salas constitucionales de Polonia y Hungría han planteado dudas sobre la aplicación uniforme.
La Carta ha sido citada en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en procedimientos como el Asunto Google Spain SL, Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos en materia de protección de datos, en casos sobre libertad religiosa y discriminación examinados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en decisiones nacionales referidas por el Bundesverfassungsgericht y el Tribunal Supremo del Reino Unido. Ha influido en la legislación europea como el Reglamento General de Protección de Datos y en directivas sobre no discriminación promovidas por el Parlamento Europeo, y figura en litigios relacionados con políticas de asilo examinadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en pronunciamientos sobre derechos sociales en el contexto de la crisis financiera comentada por instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
Category:Derechos humanos en la Unión Europea Category:Tratados de la Unión Europea Category:Historia contemporánea de Europa