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| Servicio de Inteligencia Nacional (Bolivia) | |
|---|---|
| Agency name | Servicio de Inteligencia Nacional |
| Native name | Servicio de Inteligencia Nacional |
| Nativename a | Mensaje:es |
| Jurisdiction | Bolivia |
| Headquarters | La Paz |
| Agency type | Inteligencia |
Servicio de Inteligencia Nacional (Bolivia) fue la agencia de inteligencia estatal encargada de inteligencia interna y externa en Bolivia durante varias décadas, involucrada en operaciones de seguridad, contrainteligencia y vigilancia política. Sus actuaciones intersectaron con actores como administraciones presidenciales, fuerzas armadas, partidos políticos y organizaciones sociales, y generaron episodios que involucraron a figuras y eventos nacionales e internacionales.
El origen y evolución se enmarcan en periodos políticos que incluyen gobiernos militares y transiciones democráticas, con conexiones a instituciones como Presidencia de Bolivia, Fuerzas Armadas de Bolivia, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento al Socialismo y movimientos sociales indígenas. A lo largo de su historia hubo interacciones con proyectos políticos de Víctor Paz Estenssoro, Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada, Evo Morales y Jeanine Áñez, y episodios vinculados a acontecimientos como la Guerra del Chaco, protestas por el Gasolinazo, crisis políticas de 2003 y 2019, y procesos judiciales liderados por instancias como el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
La jerarquía incluía dependencias que reportaban a la cúpula civil o militar y coordinaban con organismos como la Policía Boliviana, la Armada Boliviana, el Ejército Boliviano y la Fuerza Aérea Boliviana. Existían divisiones dedicadas a inteligencia política, militar, económica y fronteriza, con nexos operativos y administrativos hacia entes como la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Defensa (Bolivia), el Ministerio de Gobierno (Bolivia), el CONALDE y gobiernos subnacionales como la Gobernación de La Paz. La estructura también mantuvo canales de comunicación con servicios extranjeros como la Agencia Central de Inteligencia, la Secret Intelligence Service, la Dirección General de Seguridad Exterior (España), la Agencia Federal de Seguridad de Rusia y agencias latinoamericanas como la CNI (Chile), el Servicio de Inteligencia Nacional (Perú), el Departamento de Inteligencia Política (Argentina) y el Departamento de Inteligencia de Venezuela.
Sus funciones abarcaban recolección de información, contrainteligencia, análisis estratégico, protección de instalaciones críticas y seguridad del liderazgo, interfiriendo con actores nacionales y eventos internacionales: monitoreo de movimientos sociales vinculados a Pachakuti, vigilancia de cárteles y organizaciones transnacionales como FARC, ELN, Cartel de Sinaloa y redes de narcotráfico, seguimiento de diplomáticos de misiones como la Embajada de Estados Unidos en La Paz y la Embajada de Cuba en Bolivia, y coordinación operativa en asuntos relacionados con tratados y foros como la Comunidad Andina, la Unión de Naciones Suramericanas, la Organización de los Estados Americanos y la Naciones Unidas. Trabajó junto a agencias policiales en investigaciones sobre corrupción asociadas a figuras políticas, empresariales y sindicales vinculadas a sindicatos como la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas.
La agencia estuvo implicada en denuncias de vigilancia ilegal, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas que involucraron víctimas, militantes y opositores vinculados a partidos como Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Unión Cívica Radical, y activistas indígenas. Casos emblemáticos provocaron intervenciones de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y procesos judiciales ante tribunales nacionales. Las acusaciones alcanzaron a mandos y exfuncionarios, enlazando con episodios como represión durante protestas estudiantiles, enfrentamientos con cocaleros y persecuciones durante dictaduras asociadas a nombres como Luis García Meza, Hugo Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada.
Mantuvo acuerdos de intercambio de inteligencia, capacitación y asistencia técnica con agencias extranjeras, fuerzas policiales y militares, y organismos multilaterales; estas relaciones incluyeron vínculos con la DEA, Interpol, la Policía Federal Argentina, la Policía Nacional del Perú, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en otros países, y centros académicos y de seguridad como el Johns Hopkins University y el Comando Sur de Estados Unidos. La cooperación abarcó lucha contra el narcotráfico, control fronterizo, seguimiento de redes transnacionales y formación en técnicas de inteligencia.
Ante investigaciones, cambios políticos y reformas institucionales hubo procesos de reestructuración, iniciativas legislativas y creación de organismos sucesores que buscaron redefinir competencias y rendición de cuentas; estas transformaciones se insertaron en agendas impulsadas por gobiernos sucesivos y por presiones de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunas funciones fueron transferidas a entidades civiles y militares, y surgieron oficinas alternas orientadas a inteligencia estratégica, seguridad interior y protección presidencial vinculadas a instituciones estatales y ministerios.
La regulación legal y mecanismos de control incluyeron normas y marcos normativos debatidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, fiscalización por comisiones parlamentarias, actuaciones de la Defensoría del Pueblo (Bolivia) y procesos en el sistema de justicia ordinaria. La supervisión parlamentaria se enfrentó a tensiones entre secretos de Estado, requerimientos de transparencia y demandas de organismos de derechos humanos, implicando discusiones sobre límites legales y garantías constitucionales recogidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Category:Inteligencia de Bolivia