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Red Colombiana de Cultivadores de Coca

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Red Colombiana de Cultivadores de Coca
NameRed Colombiana de Cultivadores de Coca
TypeSocial movement
HeadquartersColombia
Region servedColombia
LanguageSpanish

Red Colombiana de Cultivadores de Coca es una organización social colombiana que agrupa a comunidades productoras de hoja de coca en regiones como el Putumayo, Nariño, Cauca y el Departamento del Valle del Cauca. Surge en un contexto de políticas de erradicación, negociación y conflicto que involucran a actores como la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Nacional de Colombia y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La red se presenta como un actor de defensa de derechos territoriales, culturales y económicos frente a políticas de Plan Colombia, Plan de Consolidación y programas de sustitución.

Historia

La génesis de la red se enmarca en movilizaciones campesinas durante las décadas de 1980 y 1990, vinculadas a procesos de coordinación en municipios afectados por la presencia de los Frente Unidos del Pueblo, la Coordinadora Nacional Agraria y sindicatos como la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. Las dinámicas de violencia rural con la Autodefensas Unidas de Colombia, las negociaciones de paz con la FARC en La Habana y las operaciones de interdicción impulsadas por la Administración de Control de Drogas (DEA) en cooperación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos moldearon su consolidación. En el siglo XXI interactuó con instancias como el Ministerio de Justicia (Colombia), la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y procesos de diálogo impulsados por gobiernos sucesivos, incluyendo las administraciones de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

Organización y estructura

La red presenta una estructura descentralizada basada en organizaciones locales, juntas de acción comunal y asociaciones campesinas registradas ante entidades como la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro. Integra coordinadores regionales que se articulan a través de asambleas con representantes de cabildos indígenas, consejos afrocolombianos y organizaciones como la Mesa Agraria Nacional y la Central Unitaria de Trabajadores. Mantiene vínculos con universidades públicas como la Universidad Nacional de Colombia y con ONG internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para asistencia técnica y capacitación en derechos humanos.

Actividades y objetivos

Sus actividades incluyen la promoción de modelos productivos alternativos, formación en cultivos de sustitución en articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y la defensa de la producción de hoja de coca para usos tradicionales y medicinales según tratados como la Convención Única de Estupefacientes. La red aboga por políticas de formalización de tierras, acceso a mercados mediante cooperativas y proyectos de desarrollo territorial apoyados por entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea. Organiza movilizaciones junto a organizaciones como la Marcha Patriótica y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos para reclamar garantías jurídicas y protección frente a desalojos y fumigaciones con agentes como el glifosato.

Relación con el conflicto armado y el narcotráfico

La relación con actores armados no es monolítica: en algunas áreas la red ha denunciado coacción por parte de los Clan del Golfo y disidencias de las FARC, mientras que en otras ha buscado acuerdos con milicias locales para garantizar seguridad a comunidades productoras. Documentos de organismos como la Fiscalía General de la Nación (Colombia) y reportes de la Defensoría del Pueblo (Colombia) muestran casos de victimización, reclutamiento forzado y extorsión relacionados con economías ilegales. La red defiende la distinción entre producción campesina de hoja de coca para consumo tradicional reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el tráfico internacional de cocaína involucrado con redes transnacionales y puertos como el de Buenaventura.

Políticas públicas y reivindicaciones

Entre sus demandas figuran la inclusión en programas de sustitución como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), titulación colectiva de predios según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el acceso a servicios básicos coordinados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Colombia), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Unidad para las Víctimas. Plantea reformas a la legislación internacional sobre estupefacientes y busca reconocimiento de usos ancestrales ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia y tribunales como la Corte Constitucional de Colombia para garantizar protecciones culturales y económicas.

Controversias y críticas

La red ha sido objeto de críticas por parte de sectores políticos, fuerzas policiales y medios como El Espectador y El Tiempo, que la asocian con economías ilegales y señalan ambigüedades en la segregación entre hoja de coca para consumo tradicional y para procesamiento de cocaína. Organizaciones de derechos humanos, como Corporación Justicia y Paz, han cuestionado vínculos indirectos con actores armados en ciertas localidades. Investigaciones periodísticas y judiciales de la Contraloría General de la República han examinado el uso de subsidios y la transparencia en la ejecución de proyectos de sustitución vinculados a la red.

Impacto social y económico

La red influye en dinámicas territoriales de municipios como Tumaco, Puerto Asís y Toribío, afectando cadenas productivas, empleo rural y subsistencia de familias campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes representadas en consejos comunitarios. Sus iniciativas de cooperativas y comercialización han buscado insertarse en mercados nacionales e internacionales mediante certificaciones avaladas por entidades como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y redes de comercio justo vinculadas a Fairtrade International. Al mismo tiempo, persiste la tensión entre desarrollo rural, seguridad y cumplimiento de tratados internacionales como la Convención de Viena y la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

Category:Organizaciones sociales de Colombia Category:Movimientos campesinos