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| Proceso de Reorganización Nacional (Argentina) | |
|---|---|
| Name | Proceso de Reorganización Nacional |
| Native name | Proceso de Reorganización Nacional |
| Location | Argentina |
| Start date | 24 March 1976 |
| End date | 10 December 1983 |
| Leaders | Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Reynaldo Bignone |
| Predecessor | Isabel Perón |
| Successor | Raúl Alfonsín |
Proceso de Reorganización Nacional (Argentina) fue el nombre oficial adoptado por la junta militar que gobernó la República Argentina entre 1976 y 1983. El período se caracterizó por la intervención directa de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, la supresión de partidos políticos, la censura sobre Clarín (Buenos Aires), La Nación (Buenos Aires) y otras cabeceras, así como por la implementación de políticas económicas inspiradas en el pensamiento de José Alfredo Martínez de Hoz y asesorías vinculadas a Friedrich von Hayek y el Consenso de Washington Consensus.
La crisis política y social previa incluyó la presidencia de Juan Perón, la vuelta del exilio en 1973, y la muerte de Isabel Perón tras la fragilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón. La violencia confrontacional entre organizaciones armadas como Montoneros, ERP y la reacción parapolicial incluyó episodios como la Noche de los Lápices y la represión contra sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT). Factores institucionales pasaron por la crisis del Poder Legislativo en la Casa Rosada, la intervención de la Justicia Federal y el papel de la Junta de Comandantes en la escalada de medidas extraordinarias. La influencia de doctrinas como la Doctrina de Seguridad Nacional y contactos con regímenes sudamericanos representados por Augusto Pinochet, Alberto Fujimori (posterior), y la Operación Cóndor fueron determinantes.
El golpe del 24 de marzo de 1976 fue ejecutado por comandantes de la Fuerza Aérea Argentina, la Armada de la República Argentina y el Ejército Argentino, liderados políticamente por figuras como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. La junta disolvió el Congreso Nacional y puso bajo intervención a las provincias, removiendo gobernadores peronistas y radicales vinculados al Unión Cívica Radical. Se dictaron decretos de necesidad y urgencia, se suspendieron garantías constitucionales y se establecieron centros de detención clandestinos como ESMA, Automotores Orletti y Pozo de Banfield. La nueva administración nombró ministros civiles y técnicos, entre ellos José Alfredo Martínez de Hoz en Economía, y buscó legitimidad a través de decretos y la designación de funcionarios afines de instituciones como la Banco Central de la República Argentina.
La represión estatal se organizó mediante planes de contrainsurgencia que afectaron a militantes, académicos, periodistas y obispos vinculados a la Comisión Episcopal Argentina. La práctica sistemática incluyó secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas documentadas por organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fueron utilizados centros clandestinos, vuelos de la muerte y juicios sumarísimos en unidades militares. La censura alcanzó a medios como Página/12, Atlántida y espacios culturales vinculados a figuras como Astor Piazzolla y León Gieco, mientras que la Universidad de Buenos Aires sufrió purgas y exilios de académicos.
La política económica fue dirigida por José Alfredo Martínez de Hoz y orientada hacia la liberalización, apertura financiera y desregulación influenciada por asesores vinculados a Banco Mundial y políticas neoliberales contemporáneas a Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Se implementaron medidas como la estabilización cambiaria, la liberalización de importaciones, la reducción del aparato estatal, y una política de endeudamiento externo que aumentó la relación con instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Consecuencias incluyeron desindustrialización de sectores vinculados a provincias como Santa Fe y Córdoba, crisis de empleo, concentración de empresas como Techint y Grupo Clarín, e incremento de la deuda externa que luego impactó en gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
La junta mantuvo relaciones bilaterales con Estados Unidos bajo administraciones como las de Gerald Ford y Jimmy Carter, con contactos en el Departamento de Estado y la CIA. Participó en la red de coordinación regional conocida como Operación Cóndor, con intercambio de inteligencia con los regímenes de Chile, Uruguay y Paraguay. La política exterior incluyó tensiones con países vecinos por la soberanía de las Islas Malvinas cuyo reclamo culminó en la guerra de 1982 contra el Reino Unido, liderado por Margaret Thatcher y con participación de la Royal Navy. La derrota en las Malvinas debilitó a la junta y cambió el panorama internacional y las relaciones con la Organización de Estados Americanos.
La oposición combinó acciones armadas, sindicales y de derechos humanos. Organizaciones como Montoneros y ERP ejecutaron atentados mientras que los gremios liderados por dirigentes de la CGT y movimientos estudiantiles en la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba protagonizaron protestas. Las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas realizaron campañas de visibilización y vínculos con organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Figuras políticas como Raúl Alfonsín del Unión Cívica Radical promovieron canales institucionales y juicios políticos, y actores culturales como Mercedes Sosa y César Isella mantuvieron la denuncia a través de la música.
La pérdida de legitimidad tras la guerra de las Malvinas y la crisis económica aceleró la transición hacia el retorno a la democracia. La junta presidida por Reynaldo Bignone convocó a elecciones que llevaron a la presidencia a Raúl Alfonsín en 1983. Se impulsaron procesos judiciales contra los responsables: los juicios a las juntas en Buenos Aires juzgaron a Videla, Massera y otros, culminando en condenas que involucraron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la sociedad civil representada por organismos de derechos humanos. Posteriores políticas como las leyes de amnistía y los indultos en los gobiernos de Carlos Menem complicaron la justicia, aunque la despenalización de esos indultos y la reapertura de causas en el siglo XXI permitió nuevas sentencias y la recuperación de la memoria histórica promovida por instituciones como el Centro Cultural Haroldo Conti.