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| Plan de Desarrollo País | |
|---|---|
| Name | Plan de Desarrollo País |
| Type | Strategic national development plan |
| Country | Colombia |
| First adopted | 2018 |
| Status | Implemented / Updated |
Plan de Desarrollo País
El Plan de Desarrollo País es un instrumento estratégico nacional diseñado para orientar la gestión del Estado colombiano mediante metas sectoriales, territoriales y temporales. Se vincula con agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acuerdos como el Acuerdo de Paz de 2016; articula prioridades de actores como el Presidente de Colombia, el Congreso de la República de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación y entidades territoriales como las gobernaciones y alcaldías. Historias de planificación comparadas incluyen documentos como el Plan Nacional de Desarrollo (Colombia) 2018–2022 y políticas similares en países como Chile, Perú, México y Argentina.
El instrumento se sitúa en la tradición de planes nacionales que conectan planes anteriores como el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 y experiencias internacionales como el New Deal y el Plan Marshall. Actores clave en su formulación incluyen el Presidente de la República de Colombia, el Consejo de Ministros (Colombia), el Departamento Nacional de Planeación, y organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El diseño incorpora aportes de universidades como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes (Colombia), y de ONG como Fundación Ideas para la Paz y Corporación Andina de Fomento.
Los objetivos combinan prioridades sociales, productivas y territoriales, alineadas con compromisos internacionales como los Acuerdos de París y la Agenda 2030. Principios rectorados por la planeación incluyen la equidad territorial entre departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Chocó; la inclusión de poblaciones como indígenas representadas por organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca y poblaciones desplazadas atendidas por la Unidad para las Víctimas; y la sostenibilidad ambiental en ecosistemas como la Amazonía (región) y la Sierra Nevada de Santa Marta. Metas específicas pueden referirse a indicadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y estándares de organismos como la Organización Mundial de la Salud.
El marco norma la elaboración y ejecución mediante leyes y decretos como la Constitución de Colombia y la normatividad expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La aprobación política transcurre por vías del Consejo de Ministros (Colombia) y la participación del Congreso de la República de Colombia. Instituciones implementadoras clave incluyen ministerios como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia), el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional (Colombia), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia), y entidades territoriales como la Asamblea Departamental de Antioquia y las alcaldías locales. Cooperación técnica proviene de organismos como el Fondo Monetario Internacional y agencias de cooperación bilateral como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
El diagnóstico combina fuentes estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y análisis sectoriales de instituciones como el Banco de la República (Colombia), la Superintendencia Financiera de Colombia y la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Se evalúan retos estructurales en sectores productivos como agropecuario en zonas como Tolima y Córdoba, infraestructura en corredores como la Ruta del Sol (Colombia), y riesgos socioambientales en territorios amazónicos y litorales del Pacífico colombiano. El análisis estratégico incorpora riesgos geopolíticos vinculados a actores como las FARC (posconflicto), dinámicas de seguridad con la Policía Nacional de Colombia y el Fuerza Pública de Colombia, y oportunidades relacionadas con cadenas de valor en sectores como minería, energía y turismo que involucran empresas como Ecopetrol y entidades de promoción como la ProColombia.
Las líneas de acción articulan políticas sectoriales en salud, educación, infraestructura, vivienda, ciencia y tecnología, y desarrollo rural con programas específicos administrados por ministerios y agencias como el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se priorizan proyectos de infraestructura en concesiones y obras lideradas por entidades como el Instituto Nacional de Vías y programas sociales coordinados con la Administración para la Prosperidad Social (Colombia). Las alianzas público-privadas involucran actores como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y conglomerados internacionales.
El financiamiento combina recursos del Presupuesto General de la Nación (Colombia), créditos de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y mecanismos de inversión privada como las Asociaciones público-privadas. Instrumentos financieros incluyen bonos soberanos administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia), fondos especiales y recursos territoriales transferidos vía el Sistema General de Participaciones (Colombia). La supervisión financiera recae en la Contraloría General de la República (Colombia) y la Superintendencia de Sociedades.
La implementación opera mediante planes operativos de ministerios y entidades territoriales y mecanismos de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la República (Colombia). Herramientas de evaluación incluyen auditorías, evaluaciones de impacto y sistemas de información integrados con bases de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y portales de transparencia como los gestionados por la Función Pública (Colombia). La rendición de cuentas incorpora mecanismos legislativos del Congreso de la República de Colombia y veedurías ciudadanas organizadas por organizaciones como Transparencia por Colombia.
Los resultados se miden con indicadores de pobreza, empleo y cobertura de servicios básicos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y evaluaciones de impacto financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas. Efectos territoriales se observan en departamentos como Atlántico y Santander, y en municipios con proyectos productivos. Lecciones aprendidas se discuten en foros académicos en instituciones como la Universidad Javeriana (Colombia) y centros de investigación como el Centro de Recursos para el Análisis de Desarrollo (CINDE). Críticas provienen de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos representados en el Congreso de la República de Colombia, que señalan desafíos en implementación, financiación y priorización.
Category:Public policy of Colombia