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| Ley de Derechos Culturales | |
|---|---|
| Nombre | Ley de Derechos Culturales |
| Tipo | Ley |
| País | Colombia |
| Aprobada | 2018 |
| Promulgada | 2018 |
| Vigente | Sí |
| Identificador | Proyecto de Ley 150 de 2018 |
Ley de Derechos Culturales La Ley de Derechos Culturales es una norma colombiana que reconoce y regula derechos relacionados con la participación cultural, la protección del patrimonio y el acceso a expresiones culturales. La iniciativa se relaciona con procesos legislativos en Congreso de la República (Colombia), decisiones de la Corte Constitucional de Colombia y compromisos internacionales como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. La ley dialoga con políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Cultura (Colombia), organizaciones indígenas como la Consejo Regional Indígena del Cauca y movimientos artísticos en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.
El origen de la Ley se ubica en debates previos a la aprobación de la Ley General de Cultura (Colombia), sentencias de la Corte Constitucional de Colombia sobre derechos culturales, propuestas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y recomendaciones de la UNESCO. Reformas en municipios como Medellín y Cali y experiencias de colectivos como Colectivo La Fulminante y Teatro Popular de Bogotá influyeron en la formulación normativa, junto a estudios de instituciones académicas como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes (Colombia) y la Pontificia Universidad Javeriana. El impulso legislativo respondió a conflictos territoriales documentados por organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y procesos de reparación liderados por la Comisión de la Verdad (Colombia).
La Ley articula principios reconocidos en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de la UNESCO de 2005, junto a normas internas como la Constitución Política de Colombia, 1991 y la Ley Estatutaria 1712 de 2014. Establece principios de inclusión aplicables a pueblos indígenas representados por organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), comunidades afrocolombianas como la Comunidad Negra de Colombia y grupos rom como Asociación Gitana de Colombia. El texto incorpora criterios de participación ciudadana promovidos por instancias como la Defensoría del Pueblo (Colombia), la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
La Ley protege a personas y colectivos en territorios como la Amazonas (Colombia), la Región Caribe, la Región Pacífica (Colombia) y el Eje Cafetero. Reconoce derechos de artistas vinculados a entidades como el Teatro Colón (Bogotá), museos como el Museo Nacional de Colombia y festivales como el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el Festival de Cine de Cartagena y el Feria de las Flores. Incluye sujetos organizados en sindicatos culturales como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Cultura y redes como la Red de Teatros de la Red Nacional de Cultura.
La administración se encomienda a instituciones como el Ministerio de Cultura (Colombia), el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), entidades territoriales como las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, y cooperativas culturales como Policarpa Producciones. Instrumentos de gestión comprenden programas de financiación vinculados al Sistema Nacional de Cultura, fondos concursables como el Fondo para el Desarrollo de la Cultura y las Artes y mecanismos de seguimiento de la Procuraduría General de la Nación. Se prevén mesas locales con participación de organizaciones como la Asociación Colombiana de Actores y la Federación Colombiana de Músicos.
La Ley enumera derechos tales como el derecho al patrimonio protegido en sitios como el Parque Arqueológico de San Agustín y la Ciudad Amurallada de Cartagena, el derecho a la participación en festivales como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el derecho a la creación en espacios como la Casa de la Moneda (Bogotá), y el derecho a la transmisión de prácticas tradicionales de pueblos como los Wayuu, los Embera y los Nasa (pueblo); también protege expresiones urbanas vinculadas a colectivos como Kinteto Pacífico y Movimiento Hip Hop Colombiano. Se reconocen derechos laborales de artistas inscritos en asociaciones como la Unión de Actores de Colombia y derechos de circulación de obras tratados por entidades como la Dirección Nacional de Derecho de Autor (Colombia).
La aplicación generó debates en medios como El Tiempo (Colombia), El Espectador y en plataformas académicas de la Universidad Externado de Colombia; organizaciones como la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible han señalado retos en financiación y articulación territorial. Críticas provienen de colectivos en Medellín y Cali sobre la implementación por parte de alcaldías y del Ministerio de Cultura (Colombia), mientras que defensores incluyen a la UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y redes de artistas internacionales como Artists for Human Rights. Estudios de impacto han sido desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con universidades.
La Corte Constitucional de Colombia ha pronunciado sentencias vinculadas a derechos culturales en casos presentados por actores como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible; decisiones referidas al patrimonio incluyen fallos sobre el Conjunto Monumental de Villa de Leyva y recursos promovidos por municipios como Cartagena, Popayán y Tunja. Casos emblemáticos han sido discutidos en tribunales administrativos como el Consejo de Estado (Colombia) y en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Category:Ley en Colombia Category:Derechos culturales