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| Ley de Administración Financiera del Estado (Chile) | |
|---|---|
| Name | Ley de Administración Financiera del Estado |
| Short title | LAFE |
| Enacted by | Congreso Nacional de Chile |
| Signed by | Presidente de la República |
| Date assented | 1983 |
| Status | vigente (con reformas) |
Ley de Administración Financiera del Estado (Chile) La Ley de Administración Financiera del Estado es la norma marco que organiza la gestión presupuestaria, contable y financiera del Estado de Chile, articulando responsabilidades entre el Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos, y los órganos sectoriales como el Ministerio de Salud (Chile), el Ministerio de Educación (Chile), el Ministerio de Defensa Nacional (Chile), y las entidades reguladas por el Banco Central de Chile. La ley establece procedimientos que enlazan al Congreso Nacional de Chile, la Contraloría General de la República de Chile, los municipios de Chile, las Fuerzas Armadas de Chile, y organismos autónomos como la Corte Suprema de Chile en materia de presupuesto, contabilidad y control.
La norma surge en el contexto de reformas administrativas impulsadas por la Dictadura militar de Chile (1973–1990), con aportes normativos de la Comisión de Hacienda del Senado de Chile, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y experiencias comparadas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial. El propósito fue uniformar la ejecución del presupuesto nacional aprobado por el Presupuesto de la Nación (Chile), clarificar competencias entre el Ministerio de Hacienda (Chile), las tesorerías sectoriales, y la Contraloría General de la República de Chile, y modernizar sistemas contables hacia estándares observados en la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas.
La ley aplica a la administración financiera de la administración central, organismos públicos estatales, servicios públicos y empresas públicas como la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la Codelco, y las municipalidades regidas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Chile). Sus principios generales se vinculan con la legalidad presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional de Chile, la transparencia exigida por la Contraloría General de la República de Chile, la eficiencia promovida por el Ministerio de Hacienda (Chile), la responsabilidad fiscal relacionada con el Banco Central de Chile, y la probidad exigida por la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica.
La Ley incorpora capítulos sobre el ciclo presupuestario, la contabilidad pública, la administración del tesoro, y la deuda pública, conectándose con leyes complementarias como la Ley de Presupuestos del Sector Público (Chile), la Ley de Compras Públicas (Chile), y la normativa de la Superintendencia de Pensiones (Chile). Contiene definiciones sobre ingresos fiscales administrados por el Servicio de Impuestos Internos y los impuestos específicos regulados por la Ley sobre Impuesto a la Renta (Chile), establece partidas presupuestarias para ministerios como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Chile) y la Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Chile), y regula operaciones financieras con entidades como el BancoEstado y prestamistas multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo.
La ley regula instrumentos como el presupuesto anual, los ajustes presupuestarios, los créditos adicionales, los compromisos de gasto, la tesorería única, la contabilidad por partida doble, y los estados financieros consolidados que interactúan con el Sistema de Empresas Públicas (Chile). Estos instrumentos requieren coordinación entre la Dirección de Presupuestos (DIPRES), la Tesorería General de la República (TGR), la Subsecretaría de Evaluación Social (SUBSEVAL), y unidades de presupuesto de organismos como el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Nacional de Aduanas (Chile). Asimismo, la ley regula la contratación de créditos con el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y la gestión de la deuda pública reportada al Ministerio de Hacienda (Chile), incluyendo límites y procedimientos que interactúan con la Política Fiscal aprobada por el Congreso Nacional de Chile.
El régimen de control incorpora la fiscalización externa de la Contraloría General de la República de Chile y la fiscalización legislativa del Congreso Nacional de Chile, en particular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y del Comité de Hacienda del Senado. Complementan el marco la auditoría interna y externa, las revisiones del Tribunal Constitucional de Chile en materias de legalidad presupuestaria, y la supervisión de mercados por la Comisión para el Mercado Financiero. La ley exige informes periódicos que vinculan a la Contraloría General de la República de Chile, la Dirección de Presupuestos (DIPRES), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y a las oficinas de presupuesto de cada ministerio para asegurar transparencia ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.
Desde su promulgación ha sido objeto de reformas y pronunciamientos de la Contraloría General de la República de Chile, del Tribunal Constitucional de Chile, y de sentencias de la Corte Suprema de Chile que han precisado la interpretación de la ejecución presupuestaria, la atribución de créditos y la responsabilidad administrativa de autoridades como ministros vinculados a casos políticos debatidos en el Congreso Nacional de Chile. Debates contemporáneos confrontan propuestas de modernización inspiradas en experiencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, propuestas de fortalecimiento de la Contraloría General de la República de Chile, exigencias de transparencia promovidas por la Comisión de Transparencia de Chile y demandas ciudadanas canalizadas por organizaciones como Transparencia Chile y el movimiento por reformas constitucionales debatidas en la Convención Constitucional de Chile.
Category:Leyes de Chile