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| Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria | |
|---|---|
| Name | Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria |
| Enacted | 2006 |
| Jurisdiction | United Mexican States |
| Status | in force |
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es la norma principal que regula la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto federal en los Estados Unidos Mexicanos, establecida en el marco de la reforma de 2006 impulsada por la administración de Felipe Calderón y aprobada por el Congreso de la Unión con influencia de actores como el Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La ley articula principios de responsabilidad fiscal y disciplina presupuestaria vinculados a instituciones como la Cámara de Diputados (México), la Cámara de Senadores (México), la Auditoría Superior de la Federación y el Banco de México.
La génesis legislativa conecta reformas previas como las iniciativas de Ernesto Zedillo y las modificaciones constitucionales de 1999 y 2004 impulsadas en el marco de debates con el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El proceso legislativo involucró comisiones del Congreso de la Unión, ponencias de grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y audiencias públicas con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La adopción respondió a experiencias como la crisis del peso de 1994–1995, la intervención del Fondo Monetario Internacional y recomendaciones de organismos multilaterales como el Banco Mundial.
La ley fija objetivos tales como la sostenibilidad de la deuda pública conforme a estándares internacionales promovidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la transparencia exigida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la responsabilidad fiscal inspirada en modelos de países como Chile, Canadá y Reino Unido. Entre sus principios se encuentran la programación plurianual relacionada con instrumentos referidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la coordinación fiscal con entidades como la Secretaría de Desarrollo Social. La ley articula también la rendición de cuentas que practican órganos como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
La estructura normativa se organiza en títulos y capítulos que regulan atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procedimientos ante la Cámara de Diputados (México) y la publicación de la información en el Diario Oficial de la Federación. Contempla reglas sobre el Marco de Política Fiscal, el Programa Anual de Financiamiento, disposiciones sobre la deuda pública conforme al Banco de México y lineamientos para los presupuestos de egresos de dependencias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud (México). Incluye anexos técnicos que remiten a metodologías del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y criterios de evaluación usados por la Auditoría Superior de la Federación.
La ley establece obligaciones de publicación en portales públicos que conectan con instrumentos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y la fiscalización superior en las entidades federativas como las fiscalías locales y los órganos de control interno de dependencias como la Comisión Nacional del Agua y la Petróleos Mexicanos. Requiere información sobre ingresos y egresos, metas de resultado vinculadas a programas evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y auditorías suscritas a normas internacionales promovidas por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El ciclo presupuestario definido enlaza la propuesta del Ejecutivo federal presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados (México), la discusión en comisiones legislativas y la aprobación del Presupuesto de Egresos por el Congreso de la Unión. Establece plazos para el Informe de la Situación Económica, las Reglas de Operación y la programación plurianual usada por entidades como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Incorpora disposiciones sobre cierre contable, cuentas públicas y esquemas de manejo de la deuda pública coordinados con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se despliegan sanciones administrativas aplicables por la Secretaría de la Función Pública y procesos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, además de responsabilidades penales referidas en el Código Penal Federal y procedimientos de responsabilidad administrativa y patrimonial frente a tribunales como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La ley prevé mecanismos de control interno en dependencias como la Secretaría de Salud (México) y criterios disciplinarios que han sido objeto de litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estudios empíricos de instituciones como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social han evaluado efectos en la disciplina fiscal, la calidad del gasto y la transparencia en comparación con experiencias en Chile, Brasil, España y Canadá. Investigaciones académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey y centros de pensamiento como el Centro de Investigación y Docencia Económicas ofrecen evidencia sobre limitaciones en la implementación, el alcance de la rendición de cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación y la interacción con políticas macroeconómicas del Banco de México.