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| Fundación Paz Ciudadana | |
|---|---|
| Name | Fundación Paz Ciudadana |
| Formation | 2000 |
| Headquarters | Santiago, Chile |
| Area served | Chile |
| Focus | Public policy, citizen security, crime prevention |
Fundación Paz Ciudadana Fundación Paz Ciudadana es una organización chilena dedicada a la investigación, promoción y asesoría en políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito. Fundada en Santiago en 2000, la entidad interactúa con actores políticos, académicos y sociales para influir en reformas legales, estrategias policiales y modelos de rehabilitación penitenciaria. Mantiene vínculos con universidades, organismos internacionales y gobiernos locales en Chile y la región.
La organización se estableció en Santiago a comienzos del siglo XXI, en un contexto marcado por el debate sobre la reforma policial y la modernización de las políticas públicas en Chile. En su trayectoria ha colaborado con instituciones como la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y organismos de Naciones Unidas como ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ha participado en mesas de diálogo junto a actores políticos vinculados al Congreso Nacional de Chile y autoridades de la Intendencia de Santiago y municipios como Municipalidad de Santiago. Sus iniciativas se desarrollaron durante gobiernos de distintos signos políticos, incluyendo administraciones relacionadas con figuras como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y en períodos legislativos marcados por debates sobre la Constitución de Chile.
La fundación declara como propósito promover políticas públicas y reformas legales orientadas a la reducción de la violencia y la delincuencia, generando evidencia para la toma de decisiones en espacios como el Legislativo y el Poder Judicial. Busca incidir en prácticas policiales de instituciones como Carabineros de Chile y el Cuerpo de Investigaciones Policiales a través de estudios comparados con modelos implementados en países como Colombia, Brasil, Canadá, España y Reino Unido. Sus objetivos incluyen fortalecer planes municipales, programas de reinserción social vinculados a centros penitenciarios como el Centro Penitenciario Santiago y promover estándares internacionales establecidos por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La actividad de la organización se organiza en ejes que abarcan análisis de victimización, evaluación de políticas públicas, formación ciudadana y asesoría técnica. Trabaja con sistemas de información criminal comparables a aquellos usados por la Policía de Investigaciones de Chile y modelos estadísticos inspirados en prácticas de la Oficina de Estadísticas Nacionales (Reino Unido). Colabora con institutos académicos como el Instituto de Estudios Urbanos y centros de investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Diego Portales para desarrollar indicadores de seguridad pública, mapas del delito y programas de intervención territorial en comunas de la Región Metropolitana, incluyendo iniciativas en localidades como Puente Alto y La Florida.
Entre sus proyectos destacan programas de prevención situacional, capacitación de líderes locales y campañas de comunicación sobre convivencia en alianza con organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y fundaciones privadas ligadas a empresas del sector financiero como Banco de Chile. Ha promovido pilotos de intervención en barrios con alta tasa de victimización, trabajando con unidades municipales de seguridad, centros comunitarios y organizaciones civiles como Cáritas Chile y Fundación Casa de la Paz. Además, ha desarrollado programas de monitoreo y evaluación de políticas penitenciarias y propuestas de reforma policial en diálogo con representantes de la Corte Suprema de Chile y comités legislativos del Congreso Nacional de Chile.
La fundación publica estudios, informes y boletines técnicos que abordan temas como la prevalencia del delito, percepción ciudadana y eficacia de estrategias policiales. Sus trabajos citan comparativos internacionales con estudios realizados por instituciones como la Universidad de Oxford, la Harvard Kennedy School, el Instituto de Estudios Peruanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha difundido reportes sobre victimización que utilizan encuestas adaptadas de metodologías aplicadas por la European Crime Prevention Network y ha coeditado documentos con centros de investigación como el Centro de Estudios Públicos y el Centro de Políticas Públicas UC.
El financiamiento proviene de fuentes diversas, incluidas fundaciones internacionales como la Open Society Foundations, cooperación bilateral vinculada a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y aportes de empresas privadas, universidades y donaciones particulares. Su estructura interna combina un directorio con representantes del mundo académico, exfuncionarios públicos y representantes de la sociedad civil, y equipos técnicos integrados por expertos en criminología, políticas públicas y estadísticas. Ha recibido apoyos para proyectos de organismos como el Banco Mundial y programas de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La fundación ha sido reconocida en foros académicos y en conferencias internacionales sobre seguridad por su aporte en evaluación de políticas y promoción del diálogo entre sectores. Al mismo tiempo, ha enfrentado críticas desde sectores políticos y organizaciones sociales que cuestionan su financiación y su influencia en reformas legales, generando debates públicos similares a controversias vividas por otras ONG en Chile relacionadas con temas de seguridad y derechos humanos. Estas discusiones han involucrado a actores como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, partidos políticos chilenos y organizaciones de la sociedad civil que han planteado objeciones sobre la orientación de algunas recomendaciones.
Category:Organizaciones de Chile Category:Seguridad pública