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| Estallido social en Chile (2019–2020) | |
|---|---|
| Title | Estallido social en Chile (2019–2020) |
| Date | 18 de octubre de 2019 – 2020 |
| Place | Santiago de Chile, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, regiones de Chile |
| Causes | Aumento de tarifas, desigualdad, sistema previsional, servicios públicos |
| Result | Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, proceso constituyente, reformas |
| Sides | Movilizaciones ciudadanas, Fuerzas Armadas de Chile, Carabineros de Chile, Gobierno de Chile |
Estallido social en Chile (2019–2020) fue una ola de manifestaciones, protestas y disturbios que comenzó en octubre de 2019 y se extendió hasta 2020, con repercusiones políticas, sociales y jurídicas en Chile. Originada en un aumento tarifario, evolucionó hacia un cuestionamiento amplio del modelo político y social chileno. Las movilizaciones involucraron actores como estudiantes, sindicatos, movimientos ciudadanos y partidos políticos, mientras que las respuestas incluyeron intervenciones de Carabineros de Chile, la Armada de Chile y el Gobierno de Chile.
En los años previos hubo episodios movilizadores vinculados a la Revolución de los Pingüinos, demandas estudiantiles por la gratuidad de la Universidad de Chile y críticas al modelo neoliberal instaurado durante la Dictadura militar de Chile y la transición liderada por la Concertación. Reformas del sistema de pensiones administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones y controversias sobre la Constitución de Chile de 1980 alimentaron movimientos como Movimiento No + AFP y protestas contra la Desigualdad en Chile y el alza del costo de servicios básicos en ciudades como Santiago de Chile, Valparaíso y Concepción.
Las protestas estallaron el 18 de octubre de 2019 tras el alza del pasaje del Metro de Santiago; manifestaciones en estaciones como Estación Baquedano y tomas en la Universidad de Santiago de Chile se extendieron a plazas y calles. Durante semanas hubo marchas multitudinarias en la Plaza Italia (Santiago) (hoy Plaza Baquedano), cacerolazos en Providencia (Santiago), y movilizaciones en Antofagasta y La Araucanía. Se sucedieron decretos de estado de emergencia por parte del presidente Sebastián Piñera, toques de queda y despliegue de las Fuerzas Armadas de Chile, con episodios de violencia como incendios en estaciones del Metro y enfrentamientos en la Población La Legua. En 2020, la pandemia de COVID-19 alteró la dinámica de las protestas, mientras continuaban acciones judiciales y debates en el Congreso Nacional de Chile.
Las demandas incluían reformas al sistema de pensiones gestionado por las AFP, mejoras en la Salud Pública (incluyendo la Red de Salud Pública de Chile), gratuidad y acceso en la Educación superior relacionada con la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, condonación de deuda estudiantil, y reformas laborales respaldadas por sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Se exigió una nueva Constitución mediante un plebiscito, cuestionando la Constitución de 1980, y reformas en políticas de vivienda, transporte público y tarifas del Metro de Santiago, con actores como el movimiento Movilh y organizaciones vecinales articulando demandas por igualdad y derechos sociales.
El Ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera aplicó el estado de emergencia y movilizó a las Fuerzas Armadas de Chile bajo el mando del Ministerio de Defensa (Chile), mientras que la policía uniformada, Carabineros de Chile, respondió con controles, uso de carros lanzaaguas y proyectiles, y detenciones masivas. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública coordinó operaciones con la Fiscalía Nacional del Ministerio Público (Chile) y tribunales como la Corte Suprema de Chile intervinieron en procesos de control. ONG como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitorearon actuaciones policiales, mientras que el Poder Judicial (Chile) recibió numerosas querellas y solicitudes de garantías.
El estallido provocó cierres en el Metro de Santiago, afectó a la SOCIEDAD CHILENA y provocó pérdidas económicas en sectores como el comercio de Santiago Centro, el turismo en Viña del Mar y exportaciones gestionadas por el Puerto de Valparaíso. Empresas del Transporte público y la Banca de Chile reportaron daños; la Cámara de Comercio de Santiago y la Cámara Chilena de la Construcción cuantificaron perjuicios. Las cifras de desempleo y la actividad del Banco Central de Chile reflejaron una contracción, mientras que iniciativas sociales y solidaridad de organizaciones como Fundación Jaime Guzmán y movimientos comunitarios intentaron mitigar efectos en poblaciones vulnerables.
El 15 de noviembre de 2019 se alcanzó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución suscrito por partidos del Congreso Nacional de Chile, inaugurando el camino al plebiscito de 2020 sobre una nueva Constitución. Fueron protagonistas partidos como Partido Socialista de Chile, Renovación Nacional, Partido Comunista de Chile, Democracia Cristiana (Chile) y coaliciones como Chile Vamos y Frente Amplio. El plebiscito nacional convocado por el Servel terminó aprobando el proceso constituyente, y se inició la elección de una Convención Constituyente para redactar una nueva carta magna.
Organizaciones como la Institución Nacional de Derechos Humanos (Chile), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional documentaron denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros de Chile y detenciones que derivaron en procesos ante el Poder Judicial (Chile) y la Fiscalía Nacional Económica en casos de responsabilidad institucional. Víctimas, agrupaciones de familiares y abogados presentaron querellas ante la Corte Suprema de Chile y tribunales de alzada, con investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, lesiones oculares por perdigones y casos de tortura en recintos como la Estación Central (Santiago).
El legado incluye la convocatoria y aprobación del plebiscito para una nueva Constitución de Chile, debates sobre reformas a las AFP, cambios en políticas públicas y cuestionamientos a la estructura de instituciones como Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Académicos de la Universidad de Chile, analistas del Centro de Estudios Públicos y periodistas de medios como La Tercera y El Mercurio han evaluado el impacto político y social, mientras movimientos sociales y sindicatos continúan influyendo en la agenda pública. El proceso constituyente y las reformas subsiguientes constituyen una de las transformaciones institucionales más relevantes en la historia reciente de Chile.
Category:Protestas en Chile Category:Política de Chile Category:Historia contemporánea de Chile