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| Dirección General de Prisiones | |
|---|---|
| Agency name | Dirección General de Prisiones |
| Native name | Dirección General de Prisiones |
| Formed | 19th century |
| Jurisdiction | Ministerio del Interior |
| Headquarters | Madrid |
| Chief1 name | Director General |
| Parent agency | Ministerio del Interior |
Dirección General de Prisiones es el órgano administrativo responsable de la gestión, supervisión y administración de los centros penitenciarios en España, integrando políticas penitenciarias, disciplina carcelaria y programas de tratamiento de internos. Tiene vínculos institucionales con el Ministerio del Interior (España), el Ministerio de Justicia (España), y otras entidades como la Audiencia Nacional (España), el Tribunal Supremo de España y la Fiscalía General del Estado. Colabora además con organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Europea en estándares penitenciarios, y se relaciona con comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid.
La evolución de la Dirección remonta a iniciativas decimonónicas asociadas a reformas penales tras el Código Penal español de 1870 y realidades surgidas durante la Restauración borbónica y la Segunda República. En el período de la Segunda República Española y la Guerra Civil Española se reconfiguraron competencias penitenciarias, mientras que durante la dictadura franquista la institución experimentó centralización bajo el Ministerio de Gobernación (España). La transición democrática, con la aprobación de la Constitución Española de 1978 y reformas del Código Penal (1973, reformas posteriores), impulsó cambios en el régimen penitenciario, con sentencias relevantes del Tribunal Constitucional (España), resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura.
La estructura orgánica incluye una dirección central con subdirecciones técnicas y servicios delegados en las distintas delegaciones del Gobierno de España, junto a centros penitenciarios provinciales y regionales. Se articulan unidades de inspección vinculadas al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para atención médica y al Servicio de Prevención y Rehabilitación para programas socioeducativos. La Dirección coordina con cuerpos como la Policía Nacional (España), la Guardia Civil y los servicios forenses del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como con el Colegio Oficial de Psicólogos para evaluación psicológica. En el plano legislativo interactúa con la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial en materia penitenciaria.
Entre sus competencias figuran la gestión de centros penitenciarios, la aplicación de sanciones disciplinarias internas, la ejecución de condenas derivadas de resoluciones de la Audiencia Provincial y la coordinación del cumplimiento de medidas cautelares ordenadas por jueces de instrucción. Dicta reglamentos de régimen interno conforme a la normativa de la Ley Orgánica General Penitenciaria y desarrolla programas en colaboración con entidades como la Cruz Roja Española, la Red Española de Atención a Personas con Enfermedad Mental y ONG especializadas. También controla la aplicación de permisos de salida, libertad condicional y clasificación en tercer grado conforme a criterios del Consejo de Ministros (España) y resoluciones del Tribunal Supremo de España.
Administra centros como prisiones de alta seguridad, preventivos y de cumplimiento ordinario distribuidos en provincias y comunidades autónomas, con protocolos de custodia inspirados en modelos seguidos por instituciones penitenciarias de Francia, Reino Unido y Países Bajos. La clasificación de internos atiende a sentencias firmes dictadas por juzgados penales, medidas impuestas por la Audiencia Provincial y órdenes de extradición derivadas de tratados como el Convenio de Schengen. La Dirección coordina con servicios sanitarios para atención de enfermedades crónicas, con unidades específicas para internos con trastornos mentales y con programas de vigilancia epidemiológica en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III.
Desarrolla programas de formación profesional, empleo y educación en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), universidades públicas como la Universidad Complutense de Madrid y ONGs como Fundación ONCE y Fundación Raíces. Implementa proyectos piloto sobre terapia cognitivo-conductual, programas de deshabituación de drogas con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas y actuaciones de mediación escolar y laboral coordinadas con ayuntamientos como el de Barcelona o Sevilla. Colabora con programas de eurohabilitación promovidos por la Comisión Europea y agencias del Consejo de Europa para reducir la reincidencia, con evaluaciones basadas en estudios de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Barcelona.
El personal penitenciario se integra por funcionarios de carrera, técnicos sanitarios y personal educativo formados en centros de formación vinculados al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), academias autonómicas y centros universitarios. La formación abarca materias impartidas por expertos del Consejo General de la Abogacía Española, el Colegio Oficial de Médicos y asociaciones sindicales como la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). La Dirección establece protocolos de actuación frente a radicalización, violencia y gestión de crisis basados en experiencias de instituciones como la Penal Reform International.
Ha enfrentado críticas por condiciones de reclusión denunciadas ante organismos como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y litigios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionados con salud, sobreocupación y uso de aislamiento, además de polémicas por gestión de permisos y tercer grado sometidas a revisión judicial por el Tribunal Supremo de España. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado necesidad de reformas, mientras partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados han debatido cambios legales y auditorías externas propuestas por la Comisión Europea y expertos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Category:Administración penitenciaria en España