Departamento Administrativo de la Función Pública

Departamento Administrativo de la Función Pública
Name	Departamento Administrativo de la Función Pública
Native name	Departamento Administrativo de la Función Pública
Formed	1958
Jurisdiction	Republic of Colombia
Headquarters	Bogotá, D.C.
Chief1 name	Jorge Enrique Pinzón
Chief1 position	Director
Parent agency	Presidencia de la República de Colombia

Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad estatal encargada de formular políticas sobre la gestión del empleo público y la carrera administrativa en la República de Colombia. Creado para modernizar la administración civil, la entidad interactúa con organismos como la Presidencia de la República de Colombia, la Contraloría General de la República, el Consejo de Estado (Colombia), la Corte Constitucional de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sus responsabilidades abarcan procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal en entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional de Colombia.

Historia

El origen remonta a reformas del siglo XX vinculadas con la Revolución popular de 1949 y decisiones administrativas posteriores a la Hegemonía Conservadora en Colombia, con influencias de modelos implementados en países como Chile y Estados Unidos. Durante la década de 1950 se conformaron marcos institucionales que condujeron a la creación formal de la entidad en la administración pública, conectando procesos con la Administración pública de la era de la República de Colombia (1886-1991), y con reformas constitucionales posteriores como la Constitución Política de Colombia de 1991. En su historia reciente ha colaborado con agencias multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos en proyectos de modernización, y ha respondido a pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral y el Consejo Privado de Competitividad.

Funciones y competencias

Sus funciones incluyen la elaboración de manuales y normas para la planta de personal de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la administración de sistemas de carrera vinculados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Colombia) en lo relativo al talento humano, y la coordinación con órganos de control como la Procuraduría General de la Nación (Colombia). Actúa en articulación con el Ministerio del Trabajo (Colombia), el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para políticas de recursos humanos, y sus competencias abarcan diseño de concursos públicos, evaluación del desempeño en entidades como la Fiscalía General de la Nación (Colombia), y capacitación en colaboración con universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes (Colombia) y la Pontificia Universidad Javeriana.

Organización y estructura

La estructura interna se organiza en direcciones que trabajan con instancias como la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, la Secretaría General de la Presidencia de la República, y comités asesorados por expertos de instituciones como el Consejo Privado de Competitividad y la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Sus sedes y oficinas regionales coordinan con las alcaldías territoriales, la Federación Colombiana de Municipios y gobernaciones como la Gobernación de Cundinamarca. En su organigrama figuran unidades de gestión del talento humano, sistemas de información interoperables con la Registraduría Nacional del Estado Civil y plataformas que interoperan con la Superintendencia de Notariado y Registro.

Programas y políticas principales

Desarrolla programas de profesionalización en alianza con la Universidad del Rosario y la Universidad Externado de Colombia, políticas de meritocracia implementadas en entidades como la Dirección Nacional de Planeación y programas de evaluación de desempeño utilizados por la Fiscalía General de la Nación (Colombia) y la Policía Nacional de Colombia. Implementa estrategias de modernización digital en cooperación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con la Agencia Nacional Digital, y programas de formación para servidores públicos en temas ligados a la Administración de justicia y la Política pública nacional. Además ha impulsado iniciativas de transparencia alineadas con la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación (Colombia).

Marco legal y normativo

Opera bajo el marco de la Constitución Política de Colombia de 1991 y normas específicas como leyes estatutarias, decretos y acuerdos emitidos por la Presidencia de la República de Colombia y el Consejo de Ministros (Colombia). Sus actuaciones han sido objeto de pronunciamientos del Consejo de Estado (Colombia), y se coordina con la Corte Constitucional de Colombia respecto a garantías constitucionales de funcionarios. Normas laborales aplicables provienen de legislações gestionadas por el Congreso de la República de Colombia y decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Relaciones interinstitucionales

Mantiene vínculos operativos y estratégicos con entidades multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con centros académicos como la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle (Colombia), y con organizaciones civiles como la Organización Internacional del Trabajo y la Transparencia por Colombia. Coopera con contrapartes sectoriales como la Defensoría del Pueblo (Colombia), el Ministerio de Justicia y del Derecho (Colombia), y empresas públicas y privadas para implementar políticas de gestión pública, y participa en redes regionales con ministerios de países como México, Chile, Perú y Argentina.

Evaluación y resultados institucionales

Sus evaluaciones periódicas han sido reportadas ante la Contraloría General de la República y retroalimentadas por estudios del Departamento Nacional de Planeación y organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Indicadores de desempeño han mostrado avances en meritocracia y reducción de temporales en plantas administrativas de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación (Colombia), aunque auditorías de la Procuraduría General de la Nación (Colombia) y fallos del Consejo de Estado (Colombia) han señalado retos en implementación y cobertura. Continúa sujetándose a evaluaciones de impacto promovidas por la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Category:Administración pública de Colombia