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| Consejo de la Regencia | |
|---|---|
| Name | Consejo de la Regencia |
| Native name | Consejo de la Regencia |
| Formation | 1810 |
| Dissolved | 1823 |
| Type | Council |
| Headquarters | Madrid |
| Region served | Kingdom of Spain |
| Language | Spanish |
Consejo de la Regencia El Consejo de la Regencia fue un órgano colegiado instaurado durante las crisis dinásticas y la Guerra de la Independencia para ejercer funciones de representación regia ante instituciones como la Cortes de Cádiz, la Comisión Central y las autoridades provinciales; surgió en el mismo contexto que la abdicación de Carlos IV, la sublevación de Ferdinand VII y las intrigas de la corte vinculadas a la familia Bonaparte. Sus actuaciones interfirieron con procederes de la Santa Alianza, las negociaciones con emisarios de la Cámara de los Comunes y los representantes del Imperio Ruso, y marcaron decisiones que implicaron a personalidades como Manuel Godoy, Joaquín Murat, José Bonaparte y miembros de las milicias urbanas vinculadas a la Junta Suprema de Sevilla y la Junta de Valencia.
El origen del Consejo se sitúa en la crisis iniciada con las abdicaciones de Bayona y la instauración de José I en Madrid, episodio que siguió a la firma del Tratado de Fontainebleau y a operaciones militares como la Batalla del Bailén y el asedio de Zaragoza. Durante la década de 1810 el Consejo convivió con instituciones como la Junta Suprema Central y la Cortes de Cádiz, y tuvo que lidiar con las presiones diplomáticas de la Corte Napoleónica, el embajador Talleyrand y delegaciones de la Santa Alianza. El Consejo actuó en paralelo a las insurrecciones en ciudades como Valladolid, Vigo y Cádiz y a la reorganización administrativa impulsada después de la promulgación de la Constitución de 1812. La restauración de Fernando VII tras el regreso desde Valençay y el pronunciamiento de 1820 influyeron en su evolución, hasta su disolución en el marco de la reacción absolutista y los acuerdos alfonsinos en 1823 con la intervención del Ejército francés del Duque de Angulema.
La composición del Consejo integró miembros procedentes de audiencias como la Audiencia de Sevilla, la Audiencia de Valladolid y la Audiencia de Madrid, así como representantes de familias nobiliarias vinculadas a los linajes de Borbón y casas como los Alba, los Medina Sidonia y los Osuna. También figuraron en sus filas políticos y letrados formados en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Valladolid, muchos con experiencia en tribunales como el Consejo de Castilla y el Real Consejo de Indias. Entre los cargos afines se mencionaron secretarios adscritos a ministerios como el de Estado y el de Hacienda y funcionarios pertenecientes a la Casa de Contratación y la Real Armada. El equilibrio entre militares de carrera que sirvieron en unidades como los Guardias Reales y juristas influidos por códigos como las ordenanzas de Carlos III definió su perfil institucional.
El Consejo asumió competencias en materia de representación regia ante las Juntas provinciales y las Cortes, supervisión de decretos relativos a provincias donde operaban las guerrillas lideradas por figuras como Francisco Javier Mina, coordinación de nombramientos en plazas de campaña vinculadas a la Capitanía General de Cataluña y la Capitanía General de Andalucía, y arbitraje en pleitos entre entidades como las diputaciones provinciales de Burgos o La Coruña y las autoridades eclesiásticas encuadradas por la Santa Sede. También intervino en la política exterior, negociando con agentes del Reino Unido incluyendo representantes del Foreign Office, y en la administración colonial al tramitar comunicaciones con virreyes de territorios como el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Nueva Granada.
Las relaciones entre el Consejo y la Corona pasaron por fases de tensión con monarcas vinculados a dinastías como los Borbone-Anjou y durante la ocupación con los representantes de la dinastía Bonaparte. El retorno de Fernando VII supuso negociaciones sobre prerrogativas reales que involucraron a cortesanos y ministros afines a la restauración como los partidarios de la política de Fernando VII que retornaron de exilio en localidades como Fuenterrabía y Valençay. Las deliberaciones pusieron en contacto al Consejo con secretarios reales, almirantes como Federico Gravina y generales de la talla de Leandro Fernández de Moratín en aspectos ceremoniales y de mando. La relación con la Corona también abarcó la coordinación con el Consejo de Estado y la revisión de las prerrogativas contenidas en el fuero regio.
El Consejo promovió medidas administrativas inspiradas en reformas previas como las ordenanzas de Marqués de la Ensenada y decisiones relativas a la movilización de tropas que participaron en acciones junto a unidades británicas del General Wellington y en episodios como la defensa de Cadiz. Su accionar afectó el manejo de contribuciones fiscales a partir de esquemas heredados del Ministerio de Hacienda y ordenó la remisión de expedientes a instituciones como la Caja de Resguardos y la Junta de Comercio, además de dictar providencias sobre plazas navales en puertos como Cádiz y Cartagena.
Las controversias alrededor del Consejo incluyeron disputas con órganos alternativos como la Junta Central Suprema y con facciones militares vinculadas a pronunciamientos en la línea de los movimientos que protagonizaron personajes como Riego y Castaños, así como tensiones con eclesiásticos afines a la Compañía de Jesús y con patriotas liberales formados en círculos de la Real Sociedad Económica y clubes como la tertulia de La Fontana de Oro. Críticas también provinieron de diputados de la Cortes de Cádiz y de agentes diplomáticos de la Monarquía Habsburgo, la Casa de Braganza y la Corte de Berlín.
La disolución del Consejo se produjo en la fase de restauración absolutista posterior a la intervención del Duque de Angulema y la política de represión que siguió a los pronunciamientos liberales, con ecos en tratados y entendimientos promovidos por monarquías como la Santa Alianza y la Quintuple Alianza. Su legado influyó en la reorganización administrativa posterior que dieron forma a instituciones como el Consejo de Ministros y el Ministerio de Ultramar, y sus archivos relacionados con pleitos y decretos fueron consultados por investigadores vinculados a academias como la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Category:Instituciones políticas de España