Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
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| Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | |
|---|---|
| Name | Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías |
| Native name | Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías |
| Formation | 2013 |
| Headquarters | Ciudad de México |
| Leader title | Presidente |
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías is a Mexican public institution created to coordinate policy in science policy, technology transfer and cultural policy at the national level, interacting with federal agencies, academic institutions and international organizations. It was established under a 2013 reform influenced by debates involving actors such as the Secretaría de Educación Pública, the Universidad Nacional Autónoma de México, the Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, and representatives of the UNESCO and the Organisation for Economic Co-operation and Development. Its creation shaped relations among entities like the Instituto Politécnico Nacional, the Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, the Comisión Federal de Electricidad research units and private firms including Pemex and multinational firms active in Mexico.
Historia
La trayectoria institucional se inscribe en episodios previos como la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la agenda promovida por actores como la Academia Mexicana de Ciencias, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y la Organización de Estados Iberoamericanos. Durante su diseño participaron figuras vinculadas a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administraciones presidenciales recientes, con influencias de experiencias comparadas como las del National Science Foundation, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En su primer periodo operativo hubo colaboración con centros como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, así como con iniciativas internacionales vinculadas a la Unión Europea, el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud.
Mandato y funciones
Su mandato formal incluye tareas de coordinación normativa y de financiamiento señaladas en leyes federales discutidas en la Cámara de Diputados (México), el Senado de la República (México) y en documentos técnicos de la Secretaría de Cultura (México). Entre sus funciones destacan la evaluación de proyectos presentados por instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Centro de Investigación en Química Aplicada, la definición de prioridades sectoriales relacionadas con programas de investigación en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y acuerdos internacionales con la UNAM y la Universidad de Cambridge. También formula políticas de vinculación tecnológica con actores como la Confederación Patronal de la República Mexicana y convenios de movilidad con la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford y el Massachusetts Institute of Technology.
Organización y gobernanza
La estructura interna se articula mediante órganos colegiados cuyo nombramiento y control han sido materia de debate en foros como el Instituto Nacional Electoral y en audiencias públicas en la Cámara de Diputados (México). Participan representantes de organismos científicos reconocidos como la Academia Mexicana de Ciencias, líderes universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, directores de institutos como el Instituto Nacional de Medicina Genómica y personalidades de la diplomacia científica que han trabajado con la UNESCO y la OCDE. Sus comités técnicos han integrado evaluadores provenientes del Consejo Europeo de Investigación, la National Academy of Sciences y la Academia Nacional de Ciencias (Estados Unidos), y sus decisiones operativas han sido revisadas por instancias como la Secretaría de la Función Pública.
Programas y financiamiento
Los programas emblemáticos han incluido convocatorias de apoyo a investigación de posgrado, proyectos de innovación tecnológica y becas de movilidad hacia instituciones como la Universidad de California, Berkeley, el Instituto Tecnológico de Monterrey y el Centre National de la Recherche Scientifique, con financiamiento proveniente del presupuesto federal aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fondos mixtos con la Banca de Desarrollo y cooperación internacional de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea. Ha administrado líneas de apoyo a redes temáticas que involucran a centros como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, además de convocatorias conjuntas con la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. Los criterios de asignación han sido motivo de comparación con modelos de agencias como la National Science Foundation y el Fonds de la Recherche Scientifique.
Impacto y evaluación
Evaluaciones externas han incorporado evaluadores vinculados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la International Science Council, tomando en cuenta indicadores utilizados por la UNESCO Institute for Statistics y análisis bibliométricos que incluyen datos de la Web of Science y de Scopus. Estudios han analizado su efecto sobre la producción científica en instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, así como su influencia en la transferencia tecnológica hacia empresas como Grupo Bimbo y el sector energético encabezado por Pemex. Informes de organismos como el Banco Mundial han contrastado sus resultados con experiencias de países como Brasil, Chile y Argentina.
Controversias y críticas
Ha enfrentado críticas planteadas por colectivos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y grupos de investigadores vinculados a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe sobre criterios de selección, transparencia en la asignación de recursos y presunta politización de nombramientos, con comparaciones a casos de reforma en agencias como la Consejería de Ciencia y Tecnología de España y debates en el Congreso de la Unión (México). Investigaciones periodísticas han señalado conflictos con la comunidad científica representada por la Academia Mexicana de Ciencias y reclamos por parte de sindicatos de investigadores de instituciones como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Las controversias incluyen cuestionamientos sobre la evaluación por pares, conflictos de interés denunciados ante la Secretaría de la Función Pública y la necesidad de marcos de rendición de cuentas sugeridos por entidades como la Organización de Estados Americanos.