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| Acuerdo de Lizarra | |
|---|---|
| Nombre | Acuerdo de Lizarra |
| Fecha | 1998 |
| Lugar | Lizarra, Navarra |
| Participantes | Eusko Alkartasuna, Euskadi Ta Askatasuna, Partido Nacionalista Vasco, Herriko Taberna, Herri Batasuna, Batasuna, ETA (organización) (ala política y militar), Gobierno de España, Gobierno de Navarra |
| Resultado | Alto el fuego unilateral de ETA (organización) y apertura de diálogo político |
Acuerdo de Lizarra fue el pacto firmado en 1998 en la localidad de Lizarra, Navarra, que consolidó un alto el fuego y abrió una fase de negociación entre representantes del independentismo vasco, diversas formaciones políticas y actores sociales del País Vasco y Navarra. El acuerdo enlazó procesos políticos vinculados a Euskadi, Navarra y la diáspora vasca, generando reacciones en el Parlamento de Navarra, el Congreso de los Diputados (España) y en organismos internacionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa. Su firma se inscribe en la trayectoria de intentos de paz que incluyen eventos como los acuerdos de Arriaga y las iniciativas de mediación observadas tras el Proceso de paz en Irlanda del Norte.
La década de 1990 estuvo marcada por una larga secuencia de violencia protagonizada por ETA (organización), enfrentamientos entre grupos como Herri Batasuna y fuerzas policiales como la Guardia Civil (España), y la evolución política de partidos como Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna. Crisis como la detención de dirigentes del entorno de HB y procesos judiciales ante la Audiencia Nacional (España) precedieron a negociaciones informales en escenarios como Baiona y Donostia/San Sebastián. Paralelamente, figuras del mundo cultural y social vinculadas a Gernika y a organizaciones como ELA-STV y LAB (sindicato) impulsaron llamamientos a la resolución política similares a iniciativas observadas en Sudáfrica tras la transición de Nelson Mandela y en las reuniones que llevaron a la firma de acuerdos en Belfast.
Las deliberaciones que culminaron en Lizarra involucraron a representantes de formaciones políticas, abertzales y representantes de la sociedad civil como sindicatos ELA-STV y LAB (sindicato), así como representantes de plataformas como Segi y de mediadores informales procedentes de Navarra y Iparralde. Las negociaciones se llevaron a cabo tras gestiones paralelas realizadas por interlocutores de Parlamento Vasco (Euskadi) y del entorno de partidos como EAJ-PNV y Eusko Alkartasuna, con contactos previos en localidades como Gipuzkoa y Bizkaia. El momento culminante fue la firma de un documento público en Lizarra que anunció un alto el fuego y una disposición a iniciar un proceso político similar a los procesos negociadores observados en la historia reciente de Irlanda del Norte y otras resoluciones internacionales.
El texto de Lizarra incluyó compromisos para la suspensión de la actividad armada por parte de ETA (organización) y la creación de mecanismos de diálogo entre representantes de partidos como Herri Batasuna, Batasuna y formaciones nacionalistas como EAJ-PNV. Se plantearon pasos para la participación política de agentes sociales como ELA-STV y LAB (sindicato), garantías de seguridad vinculadas a la actuación de la Guardia Civil (España) y la Policía Nacional (España), y la búsqueda de soluciones políticas con implicación del Gobierno de España y las instituciones forales de Navarra y del Parlamento Vasco (Euskadi). El acuerdo remitía además a la voluntad de abordar cuestiones de autodeterminación y amnistía en procedimientos que recordarían debates en el Congreso de los Diputados (España) y en foros internacionales.
La firma provocó reacciones divergentes: partidos como Partido Popular (España) y sectores del Socialista Obrero Español expresaron cautela y rechazo, mientras que organizaciones abertzales y sindicatos como ELA-STV celebraron el paso. Medios de comunicación como El País, Egin y Deia cubrieron ampliamente el acontecimiento, y fuerzas políticas en el Parlamento de Navarra y el Senado de España plantearon mociones y debates. Actores internacionales, incluidos delegados de la Unión Europea y observadores del Consejo de Europa, hicieron llamados a la continuidad del diálogo, en consonancia con procesos de paz observados en escenarios como Belfast y en la mediación de figuras públicas vinculadas a Sánchez de Ostiz.
Tras la firma, ETA (organización) anunció un cese de hostilidades que permitió la celebración de reuniones políticas y la movilización de plataformas ciudadanas en ciudades como Bilbao, Pamplona y San Sebastián. Sin embargo, las tensiones persistieron con intervenciones policiales de la Guardia Civil (España) y la Policía Nacional (España) que afectaron a miembros de formaciones como Herri Batasuna y a colectivos vinculados a Batasuna. Intentos de interlocución con el Gobierno de España y con representantes del Parlamento Vasco (Euskadi) se vieron obstaculizados por detenciones y decisiones judiciales de la Audiencia Nacional (España), lo que condicionó el nivel de cumplimiento efectivo.
Aunque el alto el fuego no consolidó una paz definitiva en el corto plazo, el Acuerdo de Lizarra marcó una etapa en la que la opción política ganó visibilidad en el escenario vasco-navarro, influyendo en la evolución de partidos como Eusko Alkartasuna y en la estrategia de EAJ-PNV. El proceso preparó el terreno para posteriores intentos de negociación y para la transformación de organizaciones políticas y sociales, con repercusiones en la agenda parlamentaria del Parlamento Vasco (Euskadi), el Congreso de los Diputados (España) y administraciones forales en Navarra. Comparativamente, el legado conecta con otras transiciones de actores armados hacia la política observadas en Sudáfrica y en los acuerdos de Belfast.
La historiografía ha debatido si Lizarra fue un punto de inflexión o un episodio táctico dentro del conflicto vasco; historiadores y politólogos han contrastado interpretaciones ofrecidas por autores vinculados a Universidad del País Vasco y por analistas publicados en revistas como El País y en trabajos académicos de centros como Instituto de Estudios Vascos. Se discute el papel de mediadores, la influencia de partidos como Partido Nacionalista Vasco y la eficacia de medidas judiciales adoptadas por la Audiencia Nacional (España). Investigaciones comparativas han situado el caso en análisis sobre resolución de conflictos en Europa y en la gestión de transiciones políticas en contextos de violencia prolongada.
Category:Historia del País Vasco